La jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos Sonia Sotomayor arremetió este viernes contra la decisión de la mayoría conservadora de restringir la capacidad de los tribunales federales para bloquear órdenes ejecutivas del presidente, una resolución que representa una de las mayores victorias legales de Donald Trump en su segundo mandato.
En una encendida opinión disidente, escrita en nombre del bloque liberal del alto tribunal, Sotomayor acusó a sus colegas de mayoría de haber actuado “vergonzosamente” al ceder ante lo que describió como un intento del gobierno de imponer una política “claramente inconstitucional” sin buscar su validación directa, sino debilitando el poder de los jueces federales para impedir su aplicación.
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“La amenaza hoy es a la ciudadanía por nacimiento. Mañana, una administración distinta podría intentar confiscar armas a ciudadanos respetuosos de la ley o impedir que personas de ciertas religiones se reúnan para adorar”, advirtió la jueza, alertando sobre los efectos expansivos de la decisión.
Sotomayor fue más allá al señalar que la nueva doctrina del Supremo coloca en peligro derechos fundamentales. “Ningún derecho está a salvo bajo el nuevo régimen legal que la Corte crea”, escribió. Y criticó con severidad la conclusión de la mayoría, encabezada por la jueza Amy Coney Barrett, que sostuvo que los jueces federales no deben ejercer un control general sobre el Poder Ejecutivo.
“Con el trazo de una pluma, el presidente ha convertido nuestra Constitución en una burla solemne. En lugar de mantenerse firme, la Corte se rinde”.
— Jueza Sonia Sotomayor
La magistrada de origen puertorriqueño tomó la inusual decisión de leer fragmentos de su disenso desde el estrado, una señal del peso y la gravedad que atribuyó al fallo. “Con el trazo de una pluma, el presidente ha convertido nuestra Constitución en una burla solemne. En lugar de mantenerse firme, la Corte se rinde. Porque esa complicidad no debería tener lugar en nuestro sistema legal, disiento”, concluyó.
El fallo surge en medio de una serie de órdenes judiciales que desde el inicio del segundo mandato de Trump han bloqueado varias de sus directrices, particularmente en temas migratorios. El gobierno, con el respaldo de la fiscal general Pam Bondi, celebró el dictamen como el fin del “aluvión interminable” de medidas cautelares nacionales.
