Un paquete de medidas radicadas ante la Asamblea Legislativa de Puerto Rico despertó rechazo entre sectores defensores de los derechos humanos.
El presidente de la Federación LGBTQ+, Pedro Julio Serrano, denunció que las medidas buscan “criminalizar a personas trans”, permitir el discrimen y despojar derechos adquiridos. Las propuestas provienen de los legisladores Lisie Burgos Muñiz, Jorge Navarro Suárez, Thomas Rivera Schatz y Joanne Rodríguez Veve.
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Reafirmación de género
El Proyecto de la Cámara 162, de Burgos Muñiz, prohibiría terapias hormonales en menores de 21 años. Serrano alertó que la medida interfiere en relaciones médico-paciente y puede afectar la salud mental de jóvenes transgénero.
El Proyecto del Senado 350 penalizaría a padres y médicos que faciliten estas terapias. Serrano lo calificó como un acto de intimidación estatal. La legisladora Adriana Gutiérrez, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), criticó que se aprobara sin vistas públicas y cuestionó su falta de evidencia científica.
Exclusión en deportes, baños y cárceles
El Proyecto de la Cámara 164 busca prohibir la participación de mujeres transgénero en deportes femeninos. Serrano lo consideró una medida “cruel e innecesaria”.
El Proyecto de la Cámara 165 impediría baños inclusivos. Gutiérrez y Serrano coincidieron en que no hay controversias que justifiquen la prohibición.
El Proyecto de la Cámara 166 impediría que mujeres trans estén en cárceles para la población femenina. Serrano recordó el caso de Penélope Díaz Ramírez, asesinada en una prisión para hombres, y alertó que la medida pondría vidas en peligro. El Departamento de Corrección y Rehabilitación mantiene una orden administrativa que permite ubicar a confinados trans según su identidad de género.
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Adopciones
El Proyecto de la Cámara 1982, de Navarro Suárez, concedería inmunidad legal a agencias de fe que rechacen a parejas del mismo sexo. Serrano lo describió como una “legalización del discrimen” y una medida “cruel e innecesaria”.
También se cuestionó la llamada Ley de Libertad Religiosa, ya aprobada, por abrir la puerta a rechazos médicos con base en creencias religiosas.
Movilización
Serrano aseguró que estas propuestas responden a una agenda política alineada con sectores fundamentalistas. “Utilizan a la comunidad trans como chivo expiatorio”, dijo.
La Federación LGBTQ+ se mantiene activa en vistas públicas y legislativas, y no descarta acudir a los tribunales.
“El país enfrenta crisis reales: violencia de género, inflación, crisis energética. Estas leyes no resuelven nada, solo promueven odio y división”, advirtió.
