Aunque un juez de inmigración en Nuevo México fijó la fianza más baja posible para permitir que Aracelys Terrero Mota enfrentara su proceso legal en libertad, la ciudadana dominicana continúa detenida en el centro de detención de Otero County, según reportó Bonita Radio. Su liberación aún depende de que se presenten detalles logísticos a las autoridades federales, como un pasaje de regreso a Puerto Rico y evidencia de transporte.
“Aracely debe estar próximamente de regreso en su comunidad, donde debió estar todo el tiempo, con el apoyo de sus vecinos, familiares y amistades”, afirmó Annette Martínez, directora ejecutiva de la ACLU en Puerto Rico, en entrevista con Metro al Mediodía. La abogada denunció que el proceso fue ilegal desde el inicio y que ha causado daños irreparables a la mujer, víctima de violencia de género.
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Terrero Mota, de 47 años, fue arrestada el 29 de mayo por un oficial municipal en Cabo Rojo, a pesar de contar con visa válida de trabajo y viaje. En el momento de su detención, solo le faltaban exámenes médicos para completar su solicitud de residencia permanente (green card). Durante una vista reciente, el juez Brock Taylor expresó sorpresa por su arresto y concluyó que no representaba riesgo de fuga ni de seguridad, al presentar evidencia de sus vínculos con la comunidad de Cabo Rojo desde 2006.
Abogado puertorriqueño lideró su defensa
La representación legal de Terrero Mota ha estado a cargo del licenciado Ángel Robles, abogado puertorriqueño que logró su defensa aún a la distancia, luego de que la mujer fuera trasladada abruptamente fuera de la isla y, durante semanas, estuviera “desaparecida” en el sistema federal, sin ubicación clara.
Robles presentó los argumentos que convencieron al tribunal de fijar una fianza mínima, lo que le permitiría continuar su proceso migratorio desde Puerto Rico. La próxima vista en su caso está programada para finales de este mes, y también deberá presentar documentación adicional el 12 de julio.
ACLU denuncia actuación del gobierno local y exige reparación
La directora de la ACLU denunció que la detención fue “ilegal y arbitraria”, en violación directa de la Ley federal VAWA, que protege a víctimas de violencia de género de procesos de deportación. Además de denunciar la actuación del oficial municipal que dio paso a su arresto, la organización responsabilizó al Gobierno de Puerto Rico por no prevenir ni corregir estas intervenciones.
“El gobierno sabe lo que tiene que hacer y ni siquiera ha respondido a nuestra solicitud de reunión. No es una obligación legal colaborar con ICE. Es una decisión política”, sostuvo Martínez.
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La organización urgió la aprobación del Proyecto de la Cámara 331, el cual busca limitar la colaboración de policías locales con agencias federales de inmigración y proteger la información confidencial de migrantes. También reclamó que el Estado asuma su responsabilidad y repare el daño sufrido por Terrero Mota.
“Lo que vivió Aracelys es parte de un patrón de persecución racial contra la comunidad dominicana en Puerto Rico. Nada le devolverá los días que pasó detenida en condiciones inhumanas, pero el Estado tiene la obligación de responder y reparar”, subrayó Martínez.
¿Por qué fue detenida?
A Terrero Mota se le imputa la violación de la sección 212(a)(6)(A)(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que aplica a personas “presentes en Estados Unidos sin haber sido admitidas ni puestas en libertad condicional”. Sin embargo, tanto su abogado como la ACLU sostienen que esta acusación no aplica, ya que ella contaba con visa válida y estaba en vías de regularización migratoria.
