El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este miércoles a los estados a retirar fondos de Medicaid a proveedores como Planned Parenthood, incluso cuando esos fondos se destinan a servicios no relacionados con el aborto, como planificación familiar, pruebas de VIH o detección de cáncer.
La decisión, tomada por una mayoría conservadora de seis jueces frente a tres liberales, podría restringir significativamente el acceso a atención médica para millones de mujeres, especialmente en comunidades rurales y de bajos ingresos.
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El caso que motivó el fallo se originó en Carolina del Sur, donde en 2018 el entonces gobernador republicano Henry McMaster ordenó excluir a Planned Parenthood del programa estatal de Medicaid.
La medida impidió que sus clínicas recibieran reembolsos por servicios médicos esenciales, provocando una demanda por parte de beneficiarias del programa.
Tribunales inferiores fallaron a favor de las pacientes, pero el Supremo revocó esa decisión al determinar que los beneficiarios de Medicaid no tienen derecho a impugnar en los tribunales la exclusión de un proveedor aprobado.
La magistrada Ketanji Brown Jackson, en una contundente opinión disidente, advirtió que el fallo “probablemente causará daño tangible a personas reales” y representa una amenaza directa para la salud reproductiva de las mujeres. Según la jueza, la decisión priva a los beneficiarios de Medicaid del derecho fundamental a elegir su proveedor de salud, incluso en momentos de especial vulnerabilidad.
Con este fallo, el Supremo establece que los pacientes de Medicaid no tienen legitimación para demandar a los estados si estos eliminan proveedores como Planned Parenthood. Para la mayoría conservadora, encabezada por el juez Neil Gorsuch, ese tipo de disputas deben resolverse por canales administrativos y no en los tribunales.
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La disidencia consideró esta interpretación excesivamente restrictiva y peligrosa. A su juicio, deja a millones de pacientes sin recurso legal ante decisiones arbitrarias de los estados que pueden estar motivadas por razones ideológicas, no médicas. Además, se advierte que la sentencia puede incentivar a más estados a retirar fondos a clínicas de salud reproductiva, lo que podría derivar en el cierre de cientos de centros en todo el país.
Planned Parenthood, por su parte, condenó la decisión y advirtió que amenaza directamente el acceso a servicios esenciales de salud. La organización ha señalado que muchas mujeres podrían quedarse sin opciones para recibir atención médica básica, desde un chequeo ginecológico hasta acceso a métodos anticonceptivos.
