El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, presentó una medida mediante la cual exige al Congreso y presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la disolución de la Junta de Control Fiscal, establecida desde el 2015 tras la firma de la Ley PROMESA.
Lee también: Junta congela fondos para múltiples agencias
Se trata de la Resolución del Senado 236 de la autoría del presidente senatorial, donde se rechaza al ente fiscal “por haber excedido claramente los términos establecidos en la Ley PROMESA y reclama acción inmediata por parte del Congreso y del presidente de los Estados Unidos para lograr su pronta disolución”.
“La Junta de Supervisión Fiscal fue creada como un ente transitorio para estabilizar las finanzas de Puerto Rico, no para convertirse en un gobierno permanente, ni mucho menos imponer condiciones que exceden los límites claramente establecidos en la Ley PROMESA. Su permanencia se ha convertido en un obstáculo más que en una solución”, expresó Rivera Schatz.
En el documento se denuncian acciones del ente fiscal como “imponer una lista de 50 requisitos no estipulados por la Ley PROMESA, como condición para su disolución”. Del mismo modo, la medida señala que la Junta de Control Fiscal ha “fracasado” en resolver situaciones de importancia como la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“La Junta ha fracasado estrepitosamente en la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (PREPA). A pesar de los recursos y el tiempo disponible, este problema sigue sin resolverse, obstaculizando nuestro desarrollo y afectando directamente nuestra recuperación económica”, añadió el Presidente del Senado.
“Ya hemos reducido sustancialmente nuestra deuda, reestructurado con éxito gran parte de nuestras obligaciones financieras y restablecido la confianza en los mercados. Esto lo logramos con disciplina fiscal desde nuestra Asamblea Legislativa y nuestro Gobierno estatal, no gracias a la Junta. Continuar con este ente no solo representa una carga financiera adicional sino también una afrenta a la democracia y autonomía política del pueblo puertorriqueño”, enfatizó Rivera Schatz.
En declaraciones escritas se indicó que la resolución será remitida formalmente a la Casa Blanca, al Congreso y Senado de los Estados Unidos, al Government Accountability Office (GAO) y al Departamento de Justicia federal, solicitando una respuesta inmediata y concreta ante este reclamo justo y legítimo del Senado de Puerto Rico.
