Un grupo de organizaciones en defensa de la salud sexual y reproductiva señaló cinco aspectos que aseguran que una medida para crear la “Ley para establecer un protocolo de manejo de casos de abortos en menores de quince años o menos” pone en riesgo la salud y seguridad de las niñas menores de 15 años.
Se trata de la Alianza para el Acceso a la Salud Reproductiva Esencial (AASER) –una coalición de organizaciones defensoras de la salud sexual y reproductiva compuesta por Profamilias, Taller Salud y Proyecto Matria.
Según expresó, Tania Rosario Méndez, directora ejecutiva de Taller Salud “el P. del S. 297 no protege a las menores. Se trata de una medida que atenta contra nuestras niñas, contra su salud física y emocional. Es un proyecto que prácticamente limita los derechos de las menores y las ficha en una base de datos hasta los 18 años. Entre los aspectos más alarmantes, está el hecho de que las menores estén obligadas a revelar el embarazo a su agresor (si es progenitor/tutor). Aquí estamos hablando de un proyecto de ley que establece que su potencial agresor sea el mismo que le tiene que dar el consentimiento para la terminación de un embarazo”.
Según los datos más recientes del Observatorio para la Prevención de la Violencia de Género en Puerto Rico del Departamento de Salud, unas 455 jóvenes entre 11 a 15 años fueron sobrevivientes de violencia sexual en el 2023, y constituye el grupo de edad que mayor reporte de agresiones sexuales tiene dentro de las personas menores de 18 años. En cuanto a la relación de la persona ofensora con la víctima sobreviviente de violencia sexual, el 52.3% reportó ser agredida por familiares.
A continuación, cinco aspectos fundamentales para explicar por qué el P. del S. 297 “es una medida innecesaria y excesiva, que no vela por las niñas menores de 15 años en la isla”, según la ASSER.
- Este proyecto no protege a las menores, sino que las pone en mayor riesgo. – Las menores víctimas de incesto o abuso sexual frecuentemente dependen del sistema de salud para pedir ayuda confidencial. Este proyecto exige que uno de los padres o el tutor legal esté presente y otorgue consentimiento antes de que se realice el aborto. Esto implicaría que la menor estaría obligada a buscar autorización de un adulto que, en muchos casos, podría ser el agresor responsable del embarazo.
- Este proyecto viola el derecho a la intimidad de las menores y rompe con la confidencialidad médico-paciente. – Requerir el consentimiento de uno de los padres o tutor legal violenta el derecho a la intimidad de las jóvenes, menoscaba el criterio médico y facilita la intromisión indebida en la relación médico-paciente. Además, este proyecto expone a las menores a ser fichadas en una base de datos hasta los 18 años.
- Este proyecto criminaliza y estigmatiza el aborto. – Según redactado, el texto de la medida prevé penas para médicos y posibles denuncias, incluyendo multas y encarcelamiento. Además, perpetúa la percepción de que el aborto es un acto criminal o sospechoso, penalizando más a la menor que al agresor.
- Este proyecto tiene un enfoque punitivo y burocrático, pero no preventivo. – No atiende la raíz de los embarazos en menores, sino que pretende regular el aborto en lugar de buscar medidas de prevención como educación sexual, apoyo familiar o atención psicológica.
- Ya existe el marco legal y reglamentario necesario. – El Reglamento del Secretario de Salud Núm. 132, aprobado por el Departamento de Salud en septiembre de 2024, ya subsana las deficiencias identificadas en el manejo y reporte de casos de menores de edad en situaciones de agresión sexual que buscan la terminación de embarazos. Este Reglamento fue modificado expresamente para cumplir con los hallazgos del Departamento de Justicia tras investigar abortos en menores, y el mismo establece reglas claras de consentimiento, referidos obligatorios en caso de sospecha de abuso y protocolos de custodia de emergencia y documentación completa.
Enid M. Pérez Rodríguez, directora ejecutiva de Profamilias Puerto Rico, concluyó que “el P. del S. 297 contradice los principios de salud y seguridad para la menor, protección frente al abuso, confidencialidad médica, equidad legal y respeto por la autonomía reproductiva. Se trata de un proyecto que no protege a las niñas, sino que reproduce estructuras de control que aumentan su vulnerabilidad”.
La Alianza para el Acceso a la Salud Reproductiva Esencial (AASER) hizo un llamado a la Legislatura de Puerto Rico a reevaluar las implicaciones nefastas que tendría la aprobación del P. del S. 297 en la salud y la seguridad de las niñas menores de 15 años en la isla.
El P. del S. 297 fue aprobado en el Senado el pasado 3 de febrero de 2025 y referido a la Comisión de lo Jurídico y Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Actualmente, está bajo el análisis de la Comisión de lo Jurídico luego de tres vistas públicas y recibir memoriales por parte de diversas organizaciones.
