El secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, Víctor Ramos, evitó este lunes establecer una postura clara sobre el posible impacto que tendría en los servicios médicos el cambio de interpretación legal promovido por la nueva secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, en torno al aborto en la isla.
Durante la conferencia de prensa semanal en La Fortaleza, Ramos fue cuestionado sobre si su agencia se vería afectada por la postura del Departamento de Justicia, que sostiene que los artículos del Código Penal que penalizan el aborto están vigentes y se aplicarán, salvo las excepciones de riesgo a la vida de la madre y consentimiento informado.
Ante esto, Ramos indicó que se encuentra a la espera de una reunión solicitada a Gómez Torres, por lo que aún desconoce si “hay que hacer algo o no”.
“Le pedí una reunión a la secretaria sobre el tema. Nos estaremos reuniendo y entonces ahí se definirá si hay que hacer algo o no, pero por ahora yo le he pedido una reunión a la secretaria sobre el tema que no se ha dado”, informó el secretario.
De hecho, tras preguntas sobre si considera que el precedente judicial Pueblo vs. Duarte continúa vigente, el secretario contestó: “Yo no soy abogado. (...) Yo como Secretario de Salud no soy abogado, así que los abogados hablen de la ley. Pero sí el Departamento de Salud tiene encargada la supervisión de las cuatro clínicas que hay en Puerto Rico. Por eso yo le he pedido una reunión a la secretaria de Justicia y no me voy a adelantar qué va a pasar en esa reunión”, dijo.
En 2022, cuando Ramos fungía como presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, lanzó fuertes críticas contra el Proyecto del Senado 693, que buscaba prohibir el derecho al aborto en la Isla a partir de las 22 semanas de gestación.
Este había indicado, como parte de la vista pública que realizó la Comisión senatorial de Asuntos de Vida y Familia, que el proyecto intervenía en la práctica de la medicina y pretendía legislar sobre el funcionamiento de una profesión.
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Asimismo, declaró que la propuesta atentaba contra la salud de la mujer y limitaba el acceso a la terminación de un embarazo.
Expuso, además, que la legalización del aborto en la Isla disminuyó los fallecimientos a causas de complicaciones por embarazo.
Por su parte, Gómez Torres expresó públicamente que, bajo su liderato, el Departamento de Justicia dejará de reconocer el precedente de Pueblo vs. Duarte, al señalar que su Departamento tomará acción contra clínicas o personas que practiquen abortos fuera de los límites permitidos. Este cambio de visión entrará en ejecución tan pronto ella pueda hacer una evaluación inicial de la dependencia que ahora lidera y sus recursos.
La reunión entre Salud y Justicia aún no tiene fecha confirmada.
