La Corte Suprema de Estados Unidos levantó este lunes una orden judicial que impedía a las autoridades migratorias expulsar a personas hacia terceros países sin previo aviso ni oportunidad para argumentar los posibles riesgos a los que se enfrentarían.
El fallo anula una medida emitida en abril por el juez federal Brian E. Murphy, quien había ordenado al gobierno notificar por escrito a los migrantes sobre su destino y ofrecerles un proceso significativo para exponer temores de tortura o persecución.
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Con mayoría conservadora, el Tribunal Supremo permitió que el Ejecutivo reanude estas deportaciones sin explicar los fundamentos legales de la decisión. En cambio, las juezas liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson votaron en contra y denunciaron la ausencia de garantías mínimas de debido proceso, calificando la medida como una vulneración de derechos fundamentales.
El caso se originó a partir del intento de deportar sin notificación a personas originarias de países como Laos, Myanmar, Vietnam y Filipinas, quienes iban a ser enviadas a Sudán del Sur, un país devastado por la guerra civil. El Departamento de Estado de EE.UU. había advertido que ese territorio representa un alto riesgo por violencia, secuestros y presencia de grupos armados.
La administración Trump defendió su política, argumentando que responde a la negativa de varios países de origen a readmitir a sus ciudadanos, lo que limita la capacidad del gobierno para gestionar la presión migratoria.
Aunque la decisión del Supremo habilita al gobierno federal a reiniciar estas expulsiones de forma inmediata, el asunto podría seguir generando desafíos legales en tribunales inferiores, así como controversia política y social.
