La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció este viernes la aprobación en el Senado de una medida que alegadamente criminalizaría a padres, madres y profesionales de la salud que ofrezcan terapias de afirmación de género a menores de 21 años.

El presidente de dicho colectivo, Pedro Julio Serrano, aseguró que el Proyecto del Senado 350, radicado por Thomas Rivera Schatz y Joanne Rodríguez Veve para establecer la “Ley para la protección de la salud y el bienestar de los menores de Puerto Rico”, es un “retroceso” en los derechos humanos y el acceso a la salud de la niñez y juventud trans.

“Parece mentira que Eliezer Molina y los senadores populares se hayan unido a la patraña transfóbica y trumpista de Rivera Schatz y Rodríguez Veve al votar a favor del PS 350. Con sus votos, criminalizan a padres y médicos por brindarle atención médica que salvan vidas a jóvenes trans. ¡Qué vergüenza!”, aseveró Serrano en declaraciones escritas.

Según Jennifer Orellana, secretaria de la organización, la media es “cruel” e “inhumana”.

“Las entidades de la salud han establecido que los tratamientos de afirmación de género, cuando son administrados bajo la debida supervisión médica y psicológica, pueden ser esenciales para el bienestar y la salud mental de las personas trans”, dijo Orellana.

Por su parte, Justin Jesús Santiago, director de la Federación, sostuvo que la legislación “no sólo margina aún más a la niñez y juventud trans, sino que también les niega el acceso a servicios médicos esenciales que podrían salvar sus vidas”.

“Estudios han demostrado que la falta de acceso a afirmación de género aumenta significativamente el riesgo de depresión, ansiedad y suicidio entre jóvenes trans. En lugar de proteger a la niñez y juventud trans, esta medida les expone a un mayor sufrimiento y vulnerabilidad”, abundó Santiago.

Ante esto, la activista de derechos humanos y directora del ente, Ivana Fred Millán, hizo un llamado a la gobernadora, Jenniffer González Colón, para que no de paso al P.S. 350.

“Exhortamos a la Cámara de Representantes y a la gobernadora Jenniffer González Colón a que no den paso a este proyecto que abre la puerta al discrimen, al odio y la exclusión. En sus manos está que las garantías de igualdad y dignidad, prometidas por nuestra Constitución, se cumplan. No den paso a esta medida cruel e inhumana”, concluyó Fred Millán.

Reacciona la ACLU

De la misma forma, la directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, Annette Martínez Orabona, se expresó en contra de la aprobación del P.S. 350.

“La ACLU rechaza de manera contundente la aprobación de una medida que no solo criminaliza a madres, padres y médicos, sino que discrimina de forma directa contra las personas transgénero y niega la existencia de la niñez y la juventud trans, cuya vida inclusopuede estar en peligro“, recalcó Martínez Orabona en un comunicado de prensa.

La licenciada dijo, además, que el proyecto “ignora” evidencia y casos en Puerto Rico que demuestran que los tratamientos de afirmación de género en menores son decisiones tomadas con el respaldo de médicos y especialistas, y que buscan el bienestar y desarrollo integral del menor.

“Esta medida, además, crea dos categorías distintas de hijos en Puerto Rico, una que permite a los padres acceder y autorizar tratamientos si se trata de hijos cuya identidad se alinea con el sexo asignado al nacer, y otra que le prohíbe a padres el mismo derecho,si la identidad de su hijo es distinta. El proyecto ignora evidencia y casos en Puerto Rico que ejemplifican que el uso de tratamientos de afirmación de género en menores es una decisión acompañada por una batería de médicos y especialistas que recomiendan que dicha acción responde al mejor interésdel menor y el desarrollo óptimo de todo su ser”, finalizó.