El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) emitió este viernes la Orden Administrativa 2025-008 para extender hasta el 30 de junio de 2026 el periodo de transición establecido bajo la Ley 51-2022 sobre el expendio y uso de plásticos de un solo uso en Puerto Rico.
La secretaria de la agencia, Valerie Rodríguez Erazo, dijo en declaraciones escritas que durante este periodo, no se impondrán multas por incumplimiento de la ley ni de su reglamento.
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“Emitimos esta orden con el objetivo de ser proactivos y brindar certeza al sector comercial, en lo que se aclaran aspectos clave de la ley”, expresó Rodríguez Erazo.
La extensión busca continuar la orientación a consumidores y comerciantes ante dudas persistentes sobre la aplicación efectiva de la medida ambiental.
DACO indicó que evalúa el Proyecto de la Cámara 277, aprobado por ese cuerpo legislativo y actualmente bajo consideración del Senado, ya que su posible aprobación podría requerir ajustes adicionales en la política pública vigente.
“La responsabilidad de DACO es proteger al consumidor sin generar incertidumbre en los mercados. Esta moratoria responde a ese equilibrio, en lo que se aclara el marco normativo que regirá esta importante transición ambiental en Puerto Rico”, concluyó Rodríguez Erazo.
Cámara aprueba medida que detiene multas y prohibición de plásticos desechables hasta 2026
La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó ayer, jueves, el Proyecto de la Cámara 277, que suspende la aplicación de multas y prohibición del uso de plásticos desechables establecida en la Ley 51-2022.
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La legislación detiene, hasta el 31 de diciembre de 2026, la aplicación de penalidades que alcanzan hasta $5,000 por infracción.
La medida, presentada por la representante por acumulación Tatiana Pérez Ramírez, también ordena la creación de un Comité de Trabajo multisectorial que evaluará nuevas alternativas sostenibles, incentivos, programas educativos y mecanismos de reciclaje que no impongan cargas sobre los sectores económicos más vulnerables.
“Estamos buscando que se proteja el ambiente, se fomente el reciclaje y se promuevan prácticas sostenibles, pero no a expensas de nuestros pequeños y medianos comerciantes, que a su vez se ve reflejado en los precios de nuestra gente”, expresó Pérez Ramírez en declaraciones escritas.
“Porque si el precio incrementa para el comerciante, quien sufre esto es nuestro bolsillo, el de los consumidores”, abundó la representante.
Pérez Ramírez añadió que la iniciativa busca establecer un “balance responsable” entre los objetivos ambientales y la realidad económica de Puerto Rico.
El Comité de Trabajo que establece la legislación contará con representantes del sector público, la industria, organizaciones ambientales y entidades con peritaje en desarrollo económico y reciclaje. Este comité deberá presentar un informe con recomendaciones a la Asamblea Legislativa no más tarde del 30 de junio de 2026.
