La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó ayer, jueves, el Proyecto de la Cámara 277, que suspende la aplicación de multas y prohibición del uso de plásticos desechables establecida en la Ley 51-2022.
La legislación detiene, hasta el 31 de diciembre de 2026, la aplicación de penalidades que alcanzan hasta $5,000 por infracción.
La medida, presentada por la representante por acumulación Tatiana Pérez Ramírez, también ordena la creación de un Comité de Trabajo multisectorial que evaluará nuevas alternativas sostenibles, incentivos, programas educativos y mecanismos de reciclaje que no impongan cargas sobre los sectores económicos más vulnerables.
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“Estamos buscando que se proteja el ambiente, se fomente el reciclaje y se promuevan prácticas sostenibles, pero no a expensas de nuestros pequeños y medianos comerciantes, que a su vez se ve reflejado en los precios de nuestra gente”, expresó Pérez Ramírez en declaraciones escritas.
“Porque si el precio incrementa para el comerciante, quien sufre esto es nuestro bolsillo, el de los consumidores”, abundó la representante.
Pérez Ramírez añadió que la iniciativa busca establecer un “balance responsable” entre los objetivos ambientales y la realidad económica de Puerto Rico.
El Comité de Trabajo que establece la legislación contará con representantes del sector público, la industria, organizaciones ambientales y entidades con peritaje en desarrollo económico y reciclaje. Este comité deberá presentar un informe con recomendaciones a la Asamblea Legislativa no más tarde del 30 de junio de 2026.
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