El Senado de Puerto Rico aprobó este lunes el Proyecto de la Cámara 406, que separa la estructura de la Policía del Departamento de Seguridad Pública (DSP).
La Cámara de Representantes aprobó la medida presentada por la gobernadora, Jenniffer González Colón, el 28 de abril, con 33 votos a favor y 16 en contra.
En la Exposición de Motivos se establece que la Ley 20 que creó el Departamento de Seguridad Pública “ha logrado importantes avances en el ámbito de la seguridad de Puerto Rico entre sus componentes y con otras agencias gubernamentales, es importante aceptar no es menos cierto que en lo que respecta al funcionamiento del Negociado de la Policía de Puerto Rico, éste ha enfrentado serios tropiezos desde su conversión de una entidad autónoma a un Negociado adscrito a otra dependencia gubernamental.
Siendo la misión principal de esta Administración devolverle el sentido de seguridad a nuestras comunidades es imperativo contar con una nueva Policía de Puerto Rico que atienda y promueva la investigación objetiva de las actividades delictivas, el encausamiento civilizado y justo de los que transgreden la ley, maximizando así la operación del Gobierno de Puerto Rico.
La creación de este nuevo componente policiaco busca, utilizar mejor los recursos fiscales y humanos, en un solo componente gubernamental. De igual forma, la creación de la Policía de Puerto Rico le dará los poderes necesarios a su Superintendente, para que lleve a cabo cualesquiera actividades y funciones dirigidas a la erradicación e investigación de actividades criminales.
Con esta Ley, promoveremos la maximización de los recursos y se identificaran recursos adicionales para proveerles a nuestros agentes de orden público las herramientas necesarias para puedan cumplir cabalmente con su misión de proteger la vida y propiedad de todos los puertorriqueños.
Esta legislación se aprueba en aras de que pueda cumplir con el propósito fundamental de proteger a las personas y a la propiedad. Por lo tanto, la Policía de Puerto Rico aquí creada, operará con autonomía administrativa y fiscal. Por tal motivo, sus fondos procederán del presupuesto general de gastos del Gobierno de Puerto Rico. Su autoridad suprema será ejercida por el Gobernador(a) de Puerto Rico, mientras la administración y supervisión inmediata estará delegada al Superintendente”.
