La jueza Sylvia Carreño Coll del Tribunal Federal de los Estados Unidos, para el Distrito de Puerto Rico solicitó más detalles sobre el acuerdo mediante el cual la exgobernadora Wanda Vázquez y los coacusados del caso por corrupción en su contra de declararán culpables.
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En una nueva moción, Carreño-Coll ordenó a la defensa de la exgobernadora así como a los abogados de los coacusados, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini, aclarar los términos del acuerdo alcanzado con la fiscalía federal.
“Los acusados han informado al Tribunal que han llegado a un acuerdo con fiscalía. Eso está claro. Sin embargo, el Tribunal aún desconoce los detalles específicos del acuerdo. Y, hasta cierto punto, eso es comprensible. Después de todo, como ya lo indicó el suscrito, el Tribunal no interviene en las negociaciones de culpabilidad. No obstante, para poder avanzar responsablemente con este caso, los acusados y fiscalía deben proporcionar información adicional. Primero, deben aclarar si el acuerdo consiste en declaraciones de culpabilidad simples o acuerdos de culpabilidad. Segundo, si el acuerdo contempla acuerdos de culpabilidad, las partes deben especificar el tipo de acuerdos que se presentarán para la consideración del Tribunal”, expresó la jueza en la moción.
Previo a esto, en moción con fecha del 16 de junio, se indicó que las partes llegaron a un acuerdo y fiscalía presentará una acusación formal con un solo cargo contra los acusados.
“En consecuencia, las partes solicitan respetuosamente que el Tribunal programe una audiencia en la que los acusados puedan ser procesados y presentar sus declaraciones conforme a este acuerdo”, lee la moción.
Además, se solicita que la vista se lleve a cabo de manera virtual debido a que dos de los coacusados residen fuera de Puerto Rico.
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“Las partes solicitan que el Tribunal lleve a cabo la audiencia de manera virtual. Dos de los acusados, el Sr. Herrera y el Sr. Rossini, residen actualmente fuera de los Estados Unidos.
Asimismo, el Sr. Herrera no puede ingresar a los Estados Unidos en este momento debido a la expiración de su visa. Una audiencia virtual para todos los acusados permitirá que este asunto avance sin demoras y de manera ágil”, añade.
Reacciona Wanda Vázquez
A través de declaraciones escritas, el portavoz de la exgobernadora, Juan A. Rosado, indicó que por el momento esta no realizará expresiones debido a que continúa una orden de mordaza en el caso.
“Según ha trascendido en los medios de comunicación, han llegado a un acuerdo que pondrá fin al caso radicado el 4 de agosto de 2022. No obstante, continúa en vigor la orden de mordaza impuesta por el tribunal, lo que me impide ofrecer información adicional en este momento. Reconozco el gran reto que esto representa al momento de lograr que trascienda la información exacta y fidedigna. El pueblo de Puerto Rico puede estar tranquilo y confiar en que, tan pronto sea posible, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced hará sus debidas expresiones, como siempre se ha caracterizado: con responsabilidad, transparencia y guiada por la verdad”, leen las expresiones.
Lo que había pasado anteriormente en el caso
La semana pasada, la representación legal de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y los coacusados Julio Herrera Velutini y Mark Rossini solicitaron en la vista de estatus del 9 de junio, más tiempo para someter mociones ante el tribunal federal.
La fecha pautada originalmente para someter estas mociones era hoy, 16 de junio, pero la jueza federal Silvia Carreño Coll, concedió la solicitud de la defensa de Herrera Velutini para aplazar la fecha límite por cuatro días; es decir, este viernes.
Mientras que la fecha del juicio está pautada para el 25 de agosto, aunque el fiscal federal Nicholas Warren Cannon, había indicado que esperaba que el juicio no se llevara a cabo y que las partes llegaran a un acuerdo.
La imputación contra Vázquez Garced, el banquero Herrera Velutini y Rossini gira en torno a un presunto esquema en el que, a cambio de contribuciones de campaña y asesoría política, la exgobernadora habría nombrado a un comisionado de instituciones financieras que respondía a los intereses de Herrera Velutini, quien enfrentaba investigaciones regulatorias por parte de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).
