La ceremonia de graduación de cuarto año celebrada el pasado viernes en la Escuela Superior Asunción Rodríguez de Sala en Guayanilla culminó en controversia luego de que el representante del Distrito 23, Ensol Rodríguez, alegara que se le impidió ejercer sus funciones como funcionario público.
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Mientras que la directora del plantel, Deliz Murillo Rivera, sostuvo que su presencia no formaba parte del protocolo establecido y que su conducta fue impropia.
El incidente dio paso a una investigación por supuesta obstrucción de funciones y provocó una querella que aún no ha sido admitida formalmente.
Según la directora Murillo, el representante llegó al evento con la intención de participar en los actos de entrega de premios, pero ella y los organizadores se rigieron por la Carta Circular 7-2015-2020, que establece el protocolo a seguir en actos de graduación y otras ceremonias escolares. Esta carta, según explicó la directora en entrevista, no contempla la participación de políticos en la entrega de premios o mensajes durante la graduación.
“Nosotros hacemos la graduación como indica la carta circular, pero se le dio la oportunidad que anduviera a entregar los premios mientras los estudiantes iban pasando”, explicó Murillo, quien también dijo que el representante no acudió al Día de Logros, donde tradicionalmente se efectúa la entrega formal de reconocimientos.
Murillo afirmó que al día siguiente de la graduación, una agente de la Policía a la escuela, quien procedió a leerle sus derechos y someterle una querella por causas que no le fueron aclaradas en ese momento.
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La directora alegó que el legislador entró al plantel sin registrarse en la oficina, y que cuando intentó radicar una querella en el cuartel de Guayanilla por una presunta violación a la Ley 30 —relacionada con la presencia de personas ajenas al plantel sin autorización—, ningún agente le quiso tomar la querella. Intentó nuevamente radicarla el sábado 15 de junio, pero tampoco se la aceptaron.
En entrevista, Murillo dijo que: “Yo pregunté si se registró y me dijeron que no… porque yo tengo que tener conocimiento de quién entra en esta escuela”. Aseguró además que informó al Jefe de la Policía y que adjuntó evidencia, incluyendo el número de querella radicada contra ella en el CIC de Ponce.
Por su parte, el representante Ensol Rodríguez defendió su presencia y actuación en la graduación. En entrevista con este medio, alegó que los directores escolares no pueden prohibir la entrada de funcionarios públicos a las escuelas ni impedir su participación en actividades oficiales como las graduaciones. Afirmó que su interés era entregar medallas y certificados adquiridos con fondos públicos, lo cual considera una función oficial y constitucional de su cargo.
“A mí me pagan por expresarme, a mí me pagan por hablar por ser la voz de mis constituyentes”, expresó.
Rodríguez sostuvo que la directora le impidió participar en el protocolo oficial, le faltó el respeto al decirle que “no seas tan embustero”, y que ella insistió en que “esta es mi graduación, si no te gusta te puedes largar de aquí”.
Añadió que, aunque no se le permitió hablar durante el evento, entregó las medallas de forma individual a los estudiantes una vez concluido el protocolo formal. “Yo las entregué, pero fuera de lo que es la actividad oficial”, indicó.
Respecto al día posterior a la graduación, Rodríguez dijo que fue invitado a la escuela por el maestro de la banda escolar, y que como funcionario público no requiere autorización para ingresar al plantel. Negó que exista una querella en su contra y sostuvo que la directora actuó en represalia al recibir ella una querella primero.
“Yo fui citado por él mismo [el maestro]... fui invitado por un maestro y, pues, a base de venganza no sé lo que yo puedo presumir”, señaló. También insistió en que la directora tomó decisiones contrarias al reglamento del Departamento de Educación.
El representante Rodríguez indicó que las autoridades investigan si hubo una violación al Artículo 246 del Código Penal de Puerto Rico, que tipifica la obstrucción a las funciones de un funcionario público.
Mientras, la directora Murillo sostiene que ha enfrentado obstáculos para hacer valer su derecho a radicar una querella por lo que califica como un “abuso de poder” y una manipulación del proceso por parte de figuras con autoridad.
