La Cámara de Representantes aprobó este martes una serie de medidas dirigidas a ampliar y reforzar la protección para víctimas de violencia doméstica y sexual, incluyendo por primera vez de forma explícita a personas adultas mayores y a personas con diversidad funcional bajo las protecciones de la Ley 54 de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.
El Proyecto de la Cámara 546, fue presentado por el representante Ricardo Ocasio Ramos y busca que se tipifique como maltrato agravado cualquier delito cometido al amparo de la Ley 54 si ocurre contra un adulto mayor o una persona con diversidad funcional, en su presencia, o utilizando a estas personas como medio de coacción. La propuesta legislativa responde al crecimiento sostenido de estos sectores poblacionales y a la necesidad de salvaguardarlos de situaciones de violencia doméstica directa o indirecta.
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“La violencia doméstica no solo afecta a la víctima directa, sino que también tiene un impacto devastador en personas cercanas, incluyendo adultos mayores y personas con diversidad funcional”, sostuvo Ocasio Ramos al presentar la medida. “Muchos de ellos son testigos de estos actos o utilizados como herramientas de coacción, situación que representa una forma de maltrato emocional, psicológico y social que no puede ser ignorada”.
En la misma sesión, el pleno cameral también aprobó el Proyecto de la Cámara 587, una propuesta de la gobernadora Jenniffer González que permitirá que el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) de Puerto Rico pueda recibir referidos en casos de explotación financiera de adultos mayores. La inclusión del NIE como entidad receptora de estas querellas busca fortalecer la respuesta del Estado ante delitos que afectan a una de las poblaciones más vulnerables.
Por otro lado, se avaló el Proyecto de la Cámara 543, del representante José Pérez Cordero, que tipifica como delito grave el incumplimiento de órdenes de protección emitidas a favor de víctimas de violencia sexual. Esta medida enmendaría la Ley 148-2015, conocida como la Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual, con el objetivo de uniformarla con la Ley 54 en cuanto a las consecuencias legales por desobedecer una orden judicial de protección.
“Es necesario reforzar el marco legal de esta ley para garantizar una protección real y efectiva que esté a la altura de la gravedad de la conducta que se intenta penalizar y disuadir”, expresó Pérez Cordero. “La protección de las personas sobrevivientes de violencia sexual o acecho no debe estar sujeta a grados de protección diferenciada, toda vez que la violencia sexual es una de las manifestaciones de violencia de mayor incidencia en Puerto Rico”.
Las tres medidas fueron aprobadas como parte de los trabajos de la sesión ordinaria de la Cámara y ahora pasarán a consideración del Senado.
