El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), designó fiscales especiales para llevar a cabo una investigación sobre un referido del Departamento de Justicia sobre posibles actuaciones ilegales por parte del exalcalde de Moca, Ángel A. Pérez Rodríguez.
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Según una comunicación escrita, el comienzo del caso se remonta al 29 de octubre del 2024, cuando se realizó un referido de la Oficina del Contralor Electoral (OCE), contra el exalcalde. El referido se basa en una investigación administrativa realizada por la OCE, que aborda dos confidencias que señalaban que Pérez Rodríguez utilizaba la página oficial de tipo gubernamental, “Alcalde del Municipio de Moca”, en la red social Facebook, para generar contenido de índole político partidista, con alusión directa a su partido político y a su reelección como candidato.
En el Informe de Investigación Preliminar realizado por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, se concluyó que, con base en la prueba recopilada, el exalcalde Pérez Rodríguez incurrió en conducta ilegal por los delitos tipificados en los artículos 262 y 264 del Código Penal (Incumplimiento del Deber y Malversación de Fondos Públicos, respectivamente). Además, se le señala por el artículo 4.2 (b) de la Ley Núm. 1-2012, conocida como Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, y el artículo 13.000 de la Ley Núm. 222-2011, conocida como Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico.
Tras un análisis del informe y la evidencia presentada, el PFEI consideró que existe prueba suficiente para sostener que el exalcalde Pérez Rodríguez pudo haber incurrido en las violaciones de ley expuestas en el mismo.
“Al analizar detenidamente este caso, determinamos que lo procedente en Derecho es acoger la recomendación de la entonces secretaria de Justicia designada, Janet Parra Mercado. En consecuencia, designamos a la licenciada Ileana Agudo Calderón como Fiscal Especial Independiente y a la licenciada Maricarmen Rodríguez Barea como Fiscal Delegada, para que realicen la investigación de este asunto. Además, se faculta a dichas fiscales especiales para proceder contra cualquier otro funcionario que haya incurrido en violaciones de ley respecto a estos hechos”, establece la resolución.
El Panel concedió un término de 90 días para realizar la pesquisa, según dispone la Ley 2-1988. Este término podrá ser extendido en caso de que las fiscales asignadas lo requieran durante el proceso de investigación.
La facultad de las fiscales incluye, si así corresponde en Derecho, la presentación de cargos criminales ante los tribunales de justicia.
