La empresa encargada del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica en el archipiélago, LUMA Energy, reaccionó este sábado a la determinación del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) de negar una moción de reconsideración presentada por el consorcio, la cual buscaba que se autorizara un aumento temporero en la tarifa de luz.
A través de un comunicado de prensa, la entidad aseguró que el NEPR tiene una “clara desconexión de la realidad” y que su determinación pone en riesgo la estabilidad del sistema.
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“La decisión del Negociado de Energía de Puerto Rico de negar fondos adicionales para inversiones críticas e inmediatas o de financiar la Cuenta de Eventos de Emergencia muestra una clara desconexión de la realidad que nuestros clientes viven a diario, profundamente preocupados por las desastrosas consecuencias que esto podría tener en Puerto Rico”, comenzó diciendo la compañía.
De la misma forma, la compañía —que comenzó operaciones en la Isla en junio de 2021— reiteró que la decisión “retrasa” las reparaciones y actualizaciones en la red.
“Si bien reconocemos que al menos uno de los comisionados votó para apoyar nuestra solicitud, especialmente nuestra solicitud para financiar una reserva de emergencia durante la temporada de huracanes, estamos extremadamente decepcionados con esta decisión, ya que solo retrasa el progreso, las reparaciones y actualizaciones críticas del sistema. Ninguna empresa de servicios públicos en el mundo puede operar de manera efectiva donde se ignoran las necesidades financieras críticas para financiar la respuesta a la tormenta”, sostuvo.
Asimismo, la empresa pidió al gobierno que respalde el financiamiento de las cuentas para operar y mantener el sistema mientras se define una tarifa permanente.
“Es imperativo que el gobierno apoye a nuestros clientes financiando adecuadamente las cuentas destinadas a operar y mantener el sistema mientras se determina una nueva tarifa permanente”, abundó.
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Y añadió: :“Seguimos enfocados en transformar la red eléctrica de Puerto Rico y servir a nuestras familias y vecinos en toda la Isla que se ven gravemente afectados por un sistema que continúa deteriorándose cada día”.
El viernes, el NEPR denegó la moción tras determinar que la solicitud no presentó argumentos nuevos ni evidencia adicional que justificara una revisión de la resolución emitida el 29 de mayo.
“El Negociado concluyó que la moción del 6 de junio es en gran medida repetitiva, reproduciendo sustancialmente los testimonios y el contenido del Anejo 2.01 de la petición del 22 de mayo”, detalló el organismo en su Resolución y Orden.
En la decisión original de mayo, el NEPR había denegado sin perjuicio la solicitud inicial de LUMA.
Asimismo, el Negociado advirtió que si LUMA intenta presentar la moción como una nueva petición de aumento, también será rechazada. Como parte del proceso, se notificó a la empresa que si considera que la determinación es revisable judicialmente, puede presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, conforme a lo dispuesto por la Ley 38-2017 y la Ley 57-2014. Tiene un plazo de 30 días a partir de la notificación para hacerlo.
La Resolución y Orden contó con una opinión disidente del presidente del Negociado de Energía, el licenciado Edison Avilés Deliz, quien expresó que la solicitud de ajuste temporero debió ser aprobada. Según argumentó, la autorización habría permitido garantizar acceso a fondos destinados a la cuenta de reserva para eventos de interrupciones del sistema eléctrico (“Outage Event Reserve Account”).
Avilés Deliz sostuvo que esta cuenta, que debe mantener un balance mínimo de 30 millones de dólares, actualmente se encuentra sin fondos, lo que pone en riesgo la capacidad de respuesta ante situaciones críticas, particularmente durante la temporada de huracanes. Indicó, además, que permitir el acceso a esos fondos no significaría la ausencia de controles, ya que su uso estaría sujeto a supervisión de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas.
La moción de reconsideración presentada por LUMA fue parte de su estrategia para acceder a recursos que, según la empresa, eran necesarios para atender imprevistos en el sistema de distribución, especialmente ante el incremento de eventos asociados a la fragilidad de la infraestructura eléctrica.
No obstante, el ente regulador sostuvo su negativa al concluir que no se presentaron fundamentos suficientes para justificar el aumento en la tarifa eléctrica propuesto de manera provisional.
