Un juez federal dictaminó este miércoles que Mahmoud Khalil, exestudiante de posgrado de la Universidad de Columbia y residente legal en Estados Unidos, debe ser liberado de la detención migratoria a la que fue sometido por su participación en protestas pro‑Palestina en su campus.
Khalil fue arrestado el 8 de marzo por agentes federales en el vestíbulo de su vivienda universitaria y trasladado a un centro de detención en Louisiana —a más de mil millas de distancia de sus abogados y de su esposa embarazada—, en lo que representó el primer arresto de su tipo dentro de la campaña del gobierno para suprimir activistas estudiantiles que apoyan a Palestina .
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El caso se basó en una polémica determinación del secretario de Estado, Marco Rubio, que alegó que la presencia de Khalil podía tener “graves consecuencias para la política exterior de Estados Unidos”, haciendo uso de una disposición migratoria poco utilizada. Sin embargo, el juez Michael Farbiarz consideró que mantenerlo detenido vulnera su derecho a la libertad de expresión, causa un daño irreparable a su carrera —incluida la pérdida de una oferta de trabajo de Oxfam International— y a su vida familiar.
El fallo otorga al gobierno hasta el viernes 13 de junio a las 9:30 a.m. (EDT) para apelar, y establece que Khalil deberá depositar un fianza simbólica de 1 dólar antes de ser liberado. El juez dictaminó también que no existe base legal suficiente para deportarlo por motivos de política exterior.
Los abogados de Khalil argumentaron que su detención ha provocado un profundo impacto personal: perdió la oportunidad de estar presente en el nacimiento de su hijo y se vio incapacitado para acompañar a su esposa, además de sufrir serios perjuicios profesionales y reputacionales. Asimismo, subrayaron que participó en las protestas como portavoz y mediador entre grupos estudiantiles y la administración universitaria, sin incurrir en actos ilegales.
Las reacciones al caso han sido intensas. Khalil se ha convertido en el símbolo de un frente legal emergente que cuestiona la constitucionalidad de medidas migratorias dirigidas a censurar el activismo en campus universitarios. Varias organizaciones de derechos civiles han manifestado su apoyo y han señalado la decisión como un hito para la defensa de la libertad político-estudiantil.
