La nueva secretaria de Justicia de Puerto Rico, Lourdes Gómez Torres, confirmó que su administración aplicará de forma activa los artículos del Código Penal que tipifican el aborto como delito, salvo en las excepciones legales reconocidas: cuando esté en riesgo la salud de la madre y exista consentimiento informado.
“Ese es el derecho vigente. Es la política pública y eso es lo que vamos a ejecutar”, dijo Gómez Torres en entrevista Punto por Punto con Metro Puerto Rico.
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Gómez Torres: el aborto es delito con excepciones en Puerto Rico
La postura de la secretaria marca un cambio respecto a la del exsecretario Domingo Emanuelli, quien consideraba vigente el precedente judicial Pueblo vs. Duarte que validaba el aborto. Gómez Torres rechazó esa interpretación, al señalar que su Departamento tomará acción contra clínicas o personas que practiquen abortos fuera de los límites permitidos. Este cambio de visión entrará en ejecución tan pronto ella pueda hacer una evaluación inicial de la dependencia que ahora lidera y sus recursos.
Expedientes de Muñiz Varela y Pesquera serán entregados al Senado
Gómez Torres confirmó que cumplirá con el plazo de 15 días solicitado por el Senado para entregar los expedientes de las investigaciones sobre los asesinatos de Carlos Muñiz Varela y Santiago Mari Pesquera, ambos casos de alto perfil político. Además, dijo que examinará los expedientes para así determinar si las investigaciones en Justicias se mantendrán abiertas.
Cabilderos
En el contexto de recientes controversias sobre cabilderos ante la administración pública, la secretaria se unió al llamado del nuevo jefe del Negociado de Investigaciones Federales (FBI) para cualquier persona que se sienta presionada por estos actores acuda a las autoridades. “Toda persona que tenga alguna situación o alguna querella o alguna preocupación, alguna investigación pendiente… que acudan a Justicia. Somos una agencia de puertas abiertas”, dijo Gómez Torres.
¿En el tema de cabilderos pueden confiar en el aparato estatal, aunque el secretario de la Gobernación haya sido un cabildero?, cuestionó Metro Puerto Rico.
“Yo les pido que nos den una oportunidad”, respondió la funcionaria, quien aseguró que trabajará en equipo con las autoridades federales en la lucha contra la corrupción.
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Indicó que revisará el Registro de Cabilderos para reforzar la transparencia, y se alineará con medidas adoptadas por La Fortaleza.
Sobrecarga de trabajo de los fiscales
Gómez Torres reconoció que los fiscales están sobrecargados. Indicó que la gobernadora ha hecho nombramientos recientes de fiscales y que planea reforzar las regiones judiciales. En unidades como la División de Integridad Pública, que maneja querellas del Contralor y potenciales referidos al Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI), no anticipó si habrá algún cambio en la filosofía investigativa o de procesos hasta que complete una evaluación de cómo se trabaja actualmente.
Sobre la recuperación de fondos públicos malversados por funcionarios convictos, dijo que ha solicitado informes de resultados de pleitos previos, y que dará seguimiento a esos procesos.
La nueva secretaria afirmó que evaluará todas las jefaturas de divisiones y fiscalías de distrito, pues se trata de puestos de confianza que deben responderle a ella directamente.
Migración: “No son delincuentes, es un asunto administrativo”
Cuestionada sobre la situación de personas con estatus migratorio irregular en el contexto de redadas federales y denuncias por la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) sobre violaciones al debido proceso de ley, Gómez Torres afirmó que tiene que evaluar las circunstancias del caso de la mujer detenida en Cabo Rojo. Sin embargo, planteó que hay leyes federales que el gobierno de Puerto Rico está obligado a cumplir.
¿Usted cree que una persona con estatus migratorio no regularizado es un delincuente? Es una persona ilegal o esto es algo administrativo?, preguntó Metro.
“Mis posiciones personales no son pertinentes. Yo ejecuto conforme a la ley y la política pública establecida.”, dijo.
Y la ley y la política pública establecida, ven estas personas de estatus migratorio irregular, que no han cometido delito penal como delincuentes o solamente como personas que tienen algún algún asunto administrativo que regularizar?, volvió a cuestionar este diario.
“Yo entiendo que es un asunto administrativo que hay que regularizar y hay sus opciones y el Gobierno puede, a través del Departamento de Estado, orientar estas personas y darle los servicios que necesiten”, respondió la secretaria de Justicia.
