La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió el martes, una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Adjuntas, al identificar incumplimientos significativos en los procesos de compras y desembolsos entre 2021 y 2023.
El informe revela que el municipio no obligó cerca de 950,000 dólares en asignaciones presupuestarias para contratos y enmiendas relacionados con asfaltado, reparación de carreteras y estabilización de taludes. Esta falta de control podría derivar en sobregiros y litigios innecesarios.
Entre las deficiencias, se destaca que trabajos en el puente de la carretera 522 del barrio Garzas fueron subcontratados sin autorización municipal, a pesar de estar prohibido por contrato. Además, la auditoría señala que el 87 por ciento de los justificantes de pago no se marcaron como pagados y que el 29 por ciento de las cotizaciones carecían de la firma de un funcionario responsable.
Los desembolsos ascendieron a 2.9 millones de dólares en el periodo examinado, incluyendo compras relacionadas con la pandemia del COVID-19. También se detectó que el exalcalde transó una demanda por despido sin el consentimiento de la Legislatura Municipal, obligando un pago de 25,289 dólares sin recibir servicio alguno.
El informe detalla que el municipio no ha remitido la información requerida por el Registro de Demandas Civiles de 2003, afectando la transparencia pública. Actualmente, el alcalde mantiene un plan de pago de 14,223 dólares con la Oficina de Ética Gubernamental por una multa administrativa de 16,000 dólares impuesta por otorgar contratos a una compañía de un pariente de un funcionario municipal.
El presupuesto de Adjuntas ha ido en aumento, pasando de 5.8 millones de dólares en 2021 a 7.5 millones en 2024. La Contralora recomendó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto que vele por el cumplimiento del Plan de Acción Correctiva establecido.
El informe OC-25-87 está disponible en la página web de la OCPR.
