Kilmar Ábrego García, el salvadoreño que fue deportado por error en marzo de 2025 pese a una orden judicial que impedía su remoción, ha regresado a Estados Unidos, donde ahora enfrentará cargos criminales federales por supuesta participación en una red de transporte de migrantes.
El Departamento de Justicia lo acusa de conspiración para transportar ilegalmente a migrantes con fines de lucro y transporte ilegal de migrantes con fines de lucro, delitos federales que conllevan penas severas.
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Ábrego, de 29 años, vivía en Maryland desde 2011 y había recibido protección contra la deportación en 2019. Aun así, el 15 de marzo de 2025, fue arrestado por agentes de ICE y deportado a El Salvador, ignorando una orden judicial que bloqueaba su expulsión. La medida desató protestas y denuncias por parte de organizaciones civiles, abogados y funcionarios estatales.
En El Salvador, Ábrego fue encarcelado sin juicio en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad, acusado sin pruebas de vínculos con pandillas. Su esposa, Jennifer Vásquez Sura, junto con grupos como CASA y el gobernador de Maryland, Wes Moore, exigieron su liberación inmediata y su retorno a Estados Unidos.
Un retorno con cargos
Aunque su deportación fue reconocida como ilegal por los tribunales, el gobierno federal sostiene que Ábrego debe responder ante la justicia. “El hecho de que su salida del país haya sido indebida no lo exime de los delitos que se le imputan ahora”, afirmó un portavoz del Departamento de Justicia.
Los abogados de Ábrego afirman que el proceso penal es una represalia. “Lo deportaron sin autoridad legal, y ahora intentan justificarlo acusándolo penalmente. Es una criminalización de su propia defensa”, dijo su abogada Laura Martínez.
El inicio del juicio
Ábrego se encuentra bajo custodia federal y su primera comparecencia está prevista para la próxima semana ante una corte federal en Maryland. El caso ha reavivado el debate sobre las políticas migratorias impulsadas durante la administración Trump, caracterizadas por acelerar deportaciones sin respetar el debido proceso. En muchos casos, estas políticas derivaron en expulsiones erróneas y violaciones de derechos fundamentales.
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El juicio contra Ábrego será seguido de cerca por defensores de derechos humanos y podría sentar un precedente sobre cómo el sistema trata a quienes fueron deportados de manera injusta.
