La procuradora de las Mujeres, licenciada Astrid Piñeiro, anunció el viernes que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) ha iniciado una serie de inspecciones en oficinas gubernamentales y empresas privadas para asegurar que los espacios destinados a la lactancia cumplan con la ley y garanticen la privacidad y seguridad de las madres trabajadoras.
“Estos espacios deben ofrecer privacidad, higiene, seguridad, y comodidades básicas como ventilación, mobiliario adecuado y acceso constante. Es fundamental que las madres puedan lactar sin obstáculos, en un entorno que garantice su bienestar y el de sus bebés”, indicó Piñeiro en declaraciones escritas.
La Ley de Lactancia en Puerto Rico establece que los salones de lactancia deben ser áreas exclusivas y seguras, con cerradura y comodidades como sillas, ventilación adecuada, tomas eléctricas para bombas de leche y refrigerador para almacenamiento temporal. La ley también requiere que las madres presenten certificaciones médicas a los 4 y 8 meses de edad del infante para continuar recibiendo el beneficio compensado, aunque los patronos deben permitir el uso del período de lactancia sin paga.
“Este operativo de fiscalización no busca sancionar de inmediato, sino educar y apoyar a las instituciones a cumplir con las normas. Sin embargo, si se detectan incumplimientos persistentes, procederemos con las multas correspondientes. Es una manera de asegurar que la ley cumpla su propósito de proteger los derechos de nuestras madres y promover un entorno más inclusivo y saludable”, agregó Piñeiro.
Las intervenciones ya se llevaron a cabo en varias entidades, entre ellas IKON Group, el municipio de San Juan, el municipio de Ponce, la Lotería de Puerto Rico y la Dirección de Infraestructura, Ambiente y Transporte del municipio de Ponce.
La ley establece sanciones que pueden incluir compensaciones de hasta tres veces el sueldo o 3,000 dólares, multas de hasta 10,000 dólares por infracción, así como advertencias, suspensiones o procesos administrativos para las instituciones que no cumplan. Piñeiro destacó que la prioridad inicial es la educación y orientación para garantizar el cumplimiento y el respeto a los derechos de las madres lactantes.
