La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico, parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), solicitó al Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico (DTOP) información sobre unas 6,000 personas que obtuvieron licencias de conducir bajo una ley local que permite a inmigrantes sin estatus legal tener acceso a ese documento.
Así lo reveló a la cadena estadounidense NPR, la directora de HSI en San Juan, Rebecca González-Ramos.
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La funcionaria federal confirmó a NPR que esa base de datos es uno de los instrumentos que van a utilizar para identificar posibles candidatos a deportación. La funcionaria estima que hay alrededor de 20,000 inmigrantes indocumentados en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, y afirmó que su objetivo es “deportar al 100%” de ellos.
En el año 2013, el entonces gobernador, Alejandro García Padilla, firmó la Ley 97, que dio paso a que los inmigrantes indocumentados puedan contar con una licencia de conducir provisional.
El pedido de datos ocurre en medio de una campaña más agresiva de ICE en la región, que incluye redadas en hoteles, residencias y lugares de trabajo, así como detenciones en la vía pública. Según González-Ramos, en los primeros cuatro meses del año se han arrestado cerca de 500 personas, de las cuales menos de 80 tenían antecedentes penales. Inicialmente, la política pública federal iba dirigida a personas con récord criminal, pero se ha ampliado a cualquier persona que no tenga un estatus migratorio regular.
La gran mayoría de los arrestados en Puerto Rico son ciudadanos dominicanos, lo que ha generado críticas por el impacto desproporcionado sobre esa comunidad, históricamente presente en el archipiélago.
La gobernadora Jenniffer González Colón, aunque no se ha expresado directamente sobre esta solicitud de información, ha reiterado en varias ocasiones que su administración debe colaborar con las autoridades federales en la ejecución de leyes migratorias. No obstante, también ha mencionado su apoyo a la comunidad dominicana en Puerto Rico y ha dicho que serán sensibles en este asunto e incluso que solicitó un protocolo federal sobre posibles intervenciones en escuelas e iglesias. La oposición política a nivel local ha solicitado una postura de mayor firmeza y hasta acciones legales contra el gobierno federal.
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Organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios han condenado la práctica, señalando que el uso de datos provistos por personas que acudieron de buena fe a regularizar su situación de tránsito representa una violación a la confianza y podría desalentar a otras personas de buscar documentos esenciales.
El uso de licencias de conducir como herramienta de rastreo migratorio ha sido altamente controversial en otras jurisdicciones de Estados Unidos. En estados donde se otorgan licencias a inmigrantes sin estatus legal, algunas legislaciones han prohibido explícitamente compartir esa información con agencias federales sin orden judicial. En Puerto Rico, sin embargo, no existe actualmente una protección legal clara en ese sentido.
El reportaje de NPR también destaca que parte de las redadas responden a confidencias ciudadanas, incluyendo casos en que vecinos reportan a inmigrantes por disputas personales o represalias. González-Ramos justificó el uso de estos “tips” al afirmar que “todo ciudadano tiene derecho a presentar una denuncia, y nosotros evaluamos si hay violación a las leyes migratorias”.
Nota: Esta historia se basa en el reportaje original de NPR titulado “Raids and revenge tips: Inside ICE’s Puerto Rico deportation operation”, publicado el 2 de junio de 2025.
