Ante la dependencia de fondos federales, el gobierno de Puerto Rico enfrenta retos presupuestarios significativos por la expiración de ayudas no recurrentes y el riesgo de un “precipicio fiscal” en el programa Medicaid a partir de 2028. Así lo detalla el más reciente informe de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) titulado Federal Funds and the Commonwealth of Puerto Rico Report 2025.
De acuerdo con el informe, los fondos federales componen el 46% del presupuesto consolidado del gobierno para el año fiscal 2025, un aumento considerable respecto al 34% registrado en 2017. Sin embargo, si se excluyen las ayudas temporales por desastres y COVID-19, el nivel de apoyo baja al 31%.
“El aumento en la proporción del presupuesto federal se debe, principalmente, a ayudas no recurrentes como los fondos para recuperación por el huracán María y la pandemia”, indica el documento.
Puerto Rico es la jurisdicción con mayor dependencia de fondos federales como proporción de su producto interno bruto (PIB), con un 13% en 2024, cifra muy por encima de cualquier estado de Estados Unidos. La proporción aumenta a 20% si se mide en relación con el producto nacional bruto (PNB), lo que excluye la actividad de empresas extranjeras en la isla.
Áreas más impactadas
Entre los sectores más beneficiados se encuentran educación, salud, vivienda y nutrición. En el Departamento de Educación, el 58% de los fondos federales para el año fiscal 2025 son no recurrentes y se espera que expiren en 2026. Esto incluye asignaciones dirigidas a la recuperación post-María y la pandemia.
En cuanto al programa Medicaid, más de 1.4 millones de personas en Puerto Rico dependen de esta cobertura. Aunque actualmente la isla se beneficia de un aumento temporal en el pareo federal (FMAP), del 55% al 76%, esa disposición vence el 30 de septiembre de 2027. De no aprobarse nueva legislación, Puerto Rico deberá asumir un costo mucho mayor en 2028, en lo que se ha denominado un “precipicio fiscal”.
“El diseño actual de financiamiento federal limita los recursos y obliga al gobierno local a cubrir los costos adicionales o suspender servicios una vez se alcance el tope asignado”, advierte la JSF.
En el sector de vivienda, FEMA ha destinado más de $550 millones para reconstruir residenciales públicos afectados por desastres. Aun así, la isla mantiene un ritmo lento en el uso de estos fondos. Hasta el año fiscal 2024, quedaba por desembolsar el 69% de los $79.1 mil millones en fondos federales para desastres proyectados hasta 2035.
Necesidad de planificación fiscal
La JSF subraya que la dependencia en fondos no recurrentes plantea riesgos estructurales para la estabilidad financiera del país. La recomendación principal del informe es mejorar la ejecución presupuestaria, acelerar el uso de fondos disponibles y fortalecer la planificación ante la reducción esperada en asignaciones federales.
“El gobierno debe mantener prácticas fiscales responsables que le permitan operar dentro de sus medios y prepararse para cambios en las políticas federales”, concluye el informe.
