La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) notificó a la gobernadora Jenniffer González Colón que el presupuesto propuesto para la Universidad de Puerto Rico (UPR) para el año fiscal 2026 incumple con los parámetros establecidos en los planes fiscales certificados tanto de la universidad como del gobierno central.
En una carta con fecha del 30 de mayo de 2025, la JSF emitió un aviso formal de violación bajo la Ley PROMESA, y otorgó hasta el 13 de junio para que se someta una versión revisada del presupuesto con las correcciones exigidas.
Según la JSF, el presupuesto presentado asume ingresos adicionales —como una asignación de $60 millones aún no aprobada por la Asamblea Legislativa— y no ofrece suficiente documentación que justifique incrementos en partidas clave como nómina, plan médico, becas y gastos de servicios públicos.
“La estabilidad a largo plazo de la UPR requiere pasos concretos basados en datos para mejorar tanto su desempeño académico como su manejo financiero”, expresó el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, en la misiva dirigida a la mandataria.
Entre los señalamientos más relevantes, se destaca la falta de información para sustentar:
- Un aumento de $4.2 millones en costos de nómina;
- Un alza de $3.3 millones en el plan médico de empleados;
- Un incremento de $24.5 millones en becas, donativos y subvenciones;
- Y $5.3 millones adicionales proyectados para pagos de servicios públicos.
Además, la Junta exige que el presupuesto revisado se entregue en formato Excel con todos los cálculos basados en fórmulas y con datos fuente que respalden las cifras.
La carta también menciona que continúa la evaluación de una asignación de $15 millones en gastos de capital, que deberá venir acompañada de un plan detallado y análisis de riesgos.
La UPR tiene pendiente un plan de clasificación y retribución, pues manteía empleados por debajo del salario mínimo. En febrero de este año, la Junta aprobó más de $4.2 millones para otorgar aumentos salariales a 1,774 empleados no docentes que ganaban menos de $10.50 por hora, el salario mínimo de Puerto Rico.
Así mismo, no se ha puesto en vigor el convenio colectivo acordado hace tiempo por falta del visto bueno de la JSF. El convenio colectivo no contemplaba aumentos salariales, sino unas bonificaciones no recurrentes.
Durante años, la JSF ha mantenido una política de recortes en la UPR que prácticamente cortó a la casi la mitad de su presupuesto. También impulsó alzas consistentes en la matrícula llevándola a niveles de universidades privadas.
“Tal vez ninguna otra agencia gubernamental ha sufrido tantos recortes en su presupuesto como la Universidad de Puerto Rico (“UPR”). La asignación del Fondo General a la UPR se ha reducido de $911 millones en el AF2017 a $466 millones en el AF22, una reducción de $445 millones, o 48%. Como muestra la gráfica siguiente, el Plan Fiscal del AF22 incluye un modesto aumento en esta asignación de $466 millones a $500 millones en el AF23. Las aportaciones del Fondo General para la universidad se mantienen entonces en $500 millones constantes, en términos nominales, a partir de entonces”, puntualizó en el año 2022 un informe del Centro para la Nueva Economía.
Al mismo tiempo, la UPR enfrenta el golpe presupuestario de eliminación de fondos federales para investigaciones científicas. Se estima que el impacto de las nuevas políticas de la administración de Donald Trump en la UPR es de sobre $20 millones.
La UPR sigue siendo la universidad con mayor tasa de graduación en Puerto Rico.
