El Proyecto de la Cámara 25, que propone una nueva definición para la zona marítimo terrestre (ZMT) en Puerto Rico, recibió críticas contundentes por parte del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) y la organización ecologista Amigxs del M.A.R., durante una vista pública de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes.
Carlos Roberto Fournier Morales, presidente del CIAPR, señaló en su ponencia escrita que la nueva definición reduciría la extensión de la ZMT al excluir factores como las marejadas ciclónicas, lo que afectaría el alcance del dominio público sobre las áreas costeras. “Desde el punto de vista ambiental, el proyecto está siendo menos restrictivo con la definición de la ZMT”, advirtió Fournier.
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El ingeniero también criticó que el proyecto no especifica qué tipo de marea debe utilizarse como referencia para los deslindes, ni incluye el Reglamento 4860 del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que actualmente rige este proceso.
Fournier alertó que esta ambigüedad legal podría crear controversias adicionales en más de 200 casos pendientes de deslinde. Añadió que la redacción de la medida no aclara el espacio mínimo de separación que debe existir entre la zona marítimo terrestre y las edificaciones colindantes. “Debe asegurarse el cumplimiento con nuestras políticas ambientales y con criterios científicos para proteger los recursos naturales”, sostuvo.
También expresó preocupación por el posible incentivo que podría generar la ley para deforestar terrenos costeros, con el fin de reducir la delimitación de la ZMT y expandir áreas de uso privado. “Se debe considerar que los terrenos boscosos muchas veces impiden el libre acceso del mar, y podrían ser eliminados para lograr una delimitación más estrecha”, añadió.
Desde una perspectiva ecológica, Amigxs del M.A.R. también rechazó enérgicamente la medida. Helga Vanessa Uriarte Centeno, codirectora de la organización, advirtió que el lenguaje del proyecto responde a una visión legalista y desactualizada que no toma en cuenta las condiciones ambientales ni climáticas del país. “Puerto Rico enfrenta una crisis climática sin precedentes. La redefinición propuesta limita la zona marítimo terrestre y no toma en cuenta el impacto de las marejadas ciclónicas ni la variabilidad topográfica del litoral”, expresó Uriarte.
La activista destacó que la medida reduce la delimitación del espacio costero público al establecer como límite la línea de marea alta, a pesar de que en Puerto Rico las mareas son mínimas. “El criterio de sensibilidad de las mareas no es pertinente en Puerto Rico. Es un error de interpretación jurídica aplicar un modelo del Mediterráneo al contexto caribeño”, argumentó. Añadió que la nueva definición propuesta excluye elementos críticos como los efectos bióticos y abióticos, y no considera las proyecciones de aumento en el nivel del mar, que podrían alcanzar hasta dos metros.
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Uriarte también denunció que el proyecto excluye ecosistemas costeros como los manglares, marismas, estuarios y humedales, lo que comprometería la protección ambiental de estas áreas. A su juicio, esta definición responde a intereses de desarrollo urbano que ignoran las consecuencias del cambio climático y debilitan la capacidad del Estado para salvaguardar el acceso público a las costas.
“La delimitación de la ZMT no puede responder a intereses privados ni a una visión colonial del derecho de costas. Debe fundamentarse en la ciencia, la protección de la biodiversidad y la justicia climática”, sostuvo Uriarte. Amigxs del M.A.R. solicitó que se retire el Proyecto de la Cámara 25 y se acoja el lenguaje incluido en el Proyecto del Senado 628, el cual fue elaborado con participación del sector científico.
Ambas organizaciones coincidieron en que la medida, tal como está redactada, debilitaría las protecciones ambientales y dificultaría la planificación adecuada frente a la erosión costera, que ya afecta a más del 60% de las playas del país, según datos del propio gobierno. Como alternativa, Amigxs del M.A.R. propuso la creación de una comisión legislativa conjunta para trabajar una Ley de Costas amplia e integrada, que contemple cuencas hidrográficas, zonas ecológicas vulnerables y acceso equitativo a los espacios costeros.
“Limitar la ZMT en su vocabulario interfiere con el uso y disfrute del espacio público de las personas. Esta definición no nos representa y mucho menos responde a la emergencia ambiental actual”, concluyó Uriarte.
Por otra parte la Comisón de Recursos Naturales de la Cámara llevará a cabo esta tarde otra vista pública para analizar el Proyecto de la Cámara 269, que propone enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”.
La vista se centrará en establecer la “Zona de Planificación Especial Turística de las Casetas y Muelles sobre el agua y terrenos de dominio público de La Parguera”. También buscará resolver la incertidumbre jurídica relacionada con las residencias y estructuras existentes en el litoral costero de esta área, así como crear un régimen de pago mediante cánones por el uso de la superficie que ocupan dichas estructuras.
El proyecto autoriza la reglamentación sobre el uso y mantenimiento de estas estructuras y propone financiar obras permanentes en beneficio de la Reserva Natural y la comunidad de La Parguera. Además, clarifica las facultades, responsabilidades y deberes del Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Compañía de Turismo de Puerto Rico y la Junta de Planificación.
Se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y a la Compañía de Turismo de Puerto Rico a realizar, divulgar y ejecutar un plan detallado y coordinado de mejoras en la Reserva Natural y la comunidad, financiado con los cánones recaudados por el uso de terrenos públicos y aguas ocupados por estructuras privadas.
También se regulará el uso de los fondos recaudados por estos cánones y otros aspectos relacionados.
Entre los citados para esta vista pública figuran representantes de la Compañía de Turismo, el Municipio Autónomo de Lajas, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y la Asociación de Comerciantes y Comunitaria de La Parguera.
