El pasado sábado la organización Acción Social y Protección Ambiental (ASPA) de Salinas plasmó un mensaje en la calle frente al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en San Juan, y denunciaron la alegada inacción del organismo ambiental en el caso relacionado con la construcción de un campo de tiro por parte de Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), y Roberto Ramos.
Con brochas en mano, los integrantes de ASPA escribieron las palabras “DRNA corruptos” y exigieron justicia por los daños ocasionados en la zona de su comunidad en Ranchos Guayama.
José Cora Collazo, presidente de ASPA, explicó lo siguiente: “Este caso no es una especulación; hay un informe oficial preparado por el vigilante Carlos Claudio Sánchez, el biólogo Enrique Santiago Irizarry y la técnica de suelos Amparo Chávez Quiroga, todos empleados del DRNA, que documenta los daños ambientales y fundamenta la imputación de hasta seis delitos ambientales”.
“Y sin embargo, el Departamento ha hecho silencio durante tres años. Ni multas, ni restauración, ni responsables sancionados”, agregó.
Según ASPA, los representantes legales de los implicados, incluyendo a la Lcda. Shirley Vokac y el asesor Ángel Román Mas— los mismos que defendieron el proyecto Sol y Playa en Rincón— admitieron responsabilidad y se comprometieron a presentar un plan de mitigación.
“Ariel Torres no ha cumplido y el DRNA no ha tomado acción concreta para hacerle cumplir la ley. Nos preocupa el posible conflicto de interés, dado que el subsecretario del DRNA, Nelson Cruz Santiago, mantiene una relación estrecha con CODEPOLA. Siendo senador, el Sr. Cruz Santiago fue quien presentó y defendió la nueva ley de armas solicitada por la empresa de venta de armas de Torres Meléndez”, explicó Cora Collazo.
El presidente de ASPA exigió al secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, a hacer cumplir la ley en su agencia.
“El pueblo ya cumplió haciendo las querellas correspondientes, el personal técnico hizo su trabajo, documentó los daños, y aun así el caso parece escondido en una gaveta del olvido, o peor, en la de las órdenes divinas. Exigimos que se nombre un examinador, se impongan sanciones y se obligue a reparar el daño causado. La justicia ambiental no puede ser opcional. Hoy pintamos conciencia, mañana seguiremos tomando acciones”, finalizó José Cora Collazo.
