El secretario del Departamento de Salud (DS), Víctor Ramos Otero, admitió ante la Comisión de Salud del Senado que la agencia salubrista no cumplió con varios de los mandatos establecidos por la Ley 73-2023, que buscaba acelerar y simplificar la credencialización de proveedores de salud en Puerto Rico.
Según Ramos, al asumir su cargo encontró que no se había creado el Comité Revisor Central —entidad clave para validar las credenciales de médicos y otros profesionales— ni se habían remitido los informes semestrales requeridos por ley.
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Estas declaraciones formaron parte del memorial explicativo del Departamento de Salud ante la comisión senatorial que evalúa el cumplimiento de dicha legislación, bajo la Resolución del Senado 63 de 2025.
La Ley 73-2023, aprobada para atender la crisis de escasez de médicos en la isla, ordenó la creación de un sistema digital único y estandarizado para la verificación de credenciales, con el fin de reducir la carga administrativa y facilitar la incorporación de nuevos proveedores al sistema de salud.
Entre sus pilares figura la creación del “Comité Revisor Central”, integrado por profesionales de distintas disciplinas, y la modernización de los procesos en las juntas examinadoras bajo el Departamento de Salud. También exigía informes semestrales a la Asamblea Legislativa sobre el progreso de estas medidas.
Sin embargo, Ramos informó que, hasta su llegada al cargo, “ninguna de estas obligaciones estipuladas en la ley había sido completada”.
Ante los senadores, se comprometió a que antes del 30 de junio de 2025 se nombrarán los miembros del Comité y se entregará el primer informe detallado sobre la implementación y cumplimiento de la ley.
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“Estamos firmemente comprometidos a explorar e implementar todas aquellas alternativas que nos permitan abordar con éxito la crisis del sistema de salud en Puerto Rico”, expresó el secretario en el documento enviado a la Comisión.
Por su parte, la Administración de Seguros de Salud (ASES) respaldó la investigación ordenada por la Resolución del Senado 63.
ASES destacó que la Ley 73-2023 pretendía eliminar duplicidades en los requisitos de credencialización y centralizar la información en un solo portal. Indicó que el sistema entró en vigor en 2024 en una primera fase enfocada en médicos individuales, y que en su segunda fase debe extenderse a facilidades y servicios auxiliares.
ASES aclaró que delega la credencialización de proveedores a las entidades de cuidado coordinado (MCOs) y a las organizaciones Medicare Advantage (MAOs), y que recibe informes periódicos de las aseguradoras con el estatus de los proveedores registrados en el sistema del Programa Medicaid (PEP, por sus siglas en inglés).
“La investigación legislativa no solo permitirá evaluar la efectividad de la ley en la mejora del acceso y calidad de los servicios de salud, sino que también contribuirá a identificar áreas de oportunidad para fortalecer el sistema de salud en nuestra isla”, expresó Lymari Colón Rodríguez, directora ejecutiva interina de ASES.
Por su parte, la Oficina del Comisionado de Seguros informó que puso en marcha el Sistema de Credencialización Online (SICRO), una plataforma digital que facilita la solicitud simultánea a varias aseguradoras, incluyendo el Plan Vital y Medicare Advantage. Sin embargo, la oficina indicó que carece de recursos presupuestarios específicos y autoridad para implementar reglamentos o sanciones relacionadas con la ley.
La Asociación Médica de Puerto Rico también presentó su respaldo a la pesquisa, señalando que las demoras actuales en la acreditación afectan directamente la capacidad de los proveedores para ofrecer servicios y limitan el acceso oportuno de los pacientes.
“La demora en la acreditación afecta directamente la capacidad de los médicos y proveedores para ofrecer servicios, limitando el acceso de los pacientes a una atención oportuna y de calidad”, indicó el presidente de la Asociación, Yussef Galib-Frangie Fiol.
