La directora del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico e Islas Vírgenes, Rebecca González, confirmó este martes que en la Isla también se les pagará mil dólares a los inmigrantes que se autodeporten.
El pasado 5 de mayo, el presidente Donald Trump informó sobre la aplicación de la medida en Estados Unidos. Las personas deben notificar su intención de irse de ambos países a través de la app móvil “CBP Home”.
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“El propósito es que esta persona notifique en la aplicación la intención de querer salir del país. Una vez la persona notifica la intención de querer salir del país y pone toda la información correcta y sus números de contacto, a través de la aplicación van a recibir una asistencia financiera y van a facilitarles documentos de viaje para que puedan salir del país. Se les está dando un estipendio, si cualifican, de mil dólares para regresar a su país y el proceso se da dentro de 21 días después que se apruebe la autodeportación“, declaró González en el programa ”Pega’os en la Mañana" de Radio Isla 1320 AM.
Asimismo, explicó que el estipendio no se enviará hasta una vez se confirme que la persona abandonó el archipiélago. Además, que las personas con récord criminal o con una deportación previa no cualifican.
Según había notificado la Casa Blanca, esto reducirá los costos de una deportación en aproximadamente un 70%. Supuestamente, expatriar una persona cuesta poco más de $17 mil dólares.
En respuesta a ello, la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) catalogó la acción como “cruel” por “promover incentivos monetarios”.
“Nos alarma profundamente que se hable de ´autodeportación´ como una política promovida con incentivos monetarios. Llamar ´voluntario´ a un proceso impulsado por miedo, precariedad y falta de opciones legales reales es cruel", afirmó la organización en declaraciones escritas.
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“También, repudiamos la narrativa que insinúa que la deportación es una respuesta justa, cuando lo que enfrentan muchas de estas personas es la persecución, la pobreza extrema o la violencia estructural en sus países de origen”, agregaron.
La ACLU además hizo un llamado para que Puerto Rico no se convierta en “un enclave estratégico para la detención y deportación de comunidades vulnerables del Caribe y América Latina. Lo que necesitamos son designaciones de espacios sensibles, políticas de acogida, inversión en procesos de regularización, y el respeto irrestricto a los derechos humanos”.
