El profesor de Derecho Constitucional, Carlos Gorrín Peralta, opinó que el gobierno de Puerto Rico no opera bajo un marco constitucional funcional debido al uso prolongado de designaciones interinas en agencias clave y a la manera en que el Senado ha manejado el asunto.
Actualmente, las secretarías de Estado, Justicia y Trabajo están dirigidas por personas en calidad de interinas, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad y constitucionalidad de estas designaciones. El Departamento de Estado está bajo dirección interina desde el 27 de abril, Justicia desde el 8 de abril y Trabajo desde el 12 de abril. Estas agencias contaban con nominaciones oficiales presentadas por la gobernadora el 2 de enero de 2025, pero las confirmaciones aún están pendientes.
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“La disfuncionalidad del gobierno actual radica en que no sabe ajustarse a las normas constitucionales”, expresó Gorrín, quien recalcó que no se trata de un problema de gobierno compartido, ya que el Partido Nuevo Progresista (PNP) controla las tres ramas principales.
La Constitución de Puerto Rico establece que ciertos jefes de agencia deben ser nombrados por el Ejecutivo y confirmados por el Senado. El interinato es una figura contemplada para atender vacantes de forma temporal, como por ejemplo una licencia médica, pero no está diseñada para reemplazar el proceso constitucional de nominación, evaluación y confirmación. “La Constitución contempla el concepto de nominar candidato”, explicó Gorrín. “La persona que ocupa interinamente un puesto puede ser nominada formalmente, y en ese momento el Senado ejerce su función”.
Sin embargo, el Senado activó la sección 47.3 de su reglamento para deliberar sobre las funciones que están ejerciendo estas personas, incluso sin una notificación formal de nominación. Según esta disposición, el cuerpo puede evaluar casos cuando tiene conocimiento de que alguien está ejerciendo funciones que requieren consejo y consentimiento.
Gorrín discrepó de esa interpretación. “El Senado está invocando una disposición que no es aplicable. Lo que intenta es pasar juicio sobre un interinato, sobre el cual no tiene facultad de consejo y consentimiento”, sostuvo. Agregó que el uso extendido de interinatos podría poner en duda la validez de las decisiones tomadas por esas agencias. “Aquí se está usando el interinato para llenar un cargo porque no se ha sido capaz de nombrar a alguien confirmable. Cualquier cosa que esa gente haga puede ser inconstitucional”.
El profesor también criticó que el Senado haya comenzado a evaluar nombramientos que no han sido oficialmente presentados. “La anomalía que está ocurriendo es que el Senado decidió considerar unos nombramientos que no se han hecho formalmente”, señaló. “Lo que está ocurriendo en este momento, ciertamente, no es racional”.
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Gorrín alertó que esta práctica podría intensificarse tras el 30 de junio, cuando culmina la actual sesión legislativa. A partir del 1 de julio, la gobernadora podría realizar nombramientos en receso sin necesidad del consentimiento inmediato del Senado, aunque este podría rechazarlos posteriormente. La Constitución permite al Ejecutivo hacer nombramientos durante el receso legislativo, pero no reemplaza el deber de seguir el proceso ordinario.
Finalmente, cuestionó las prioridades del Ejecutivo: “No sabemos qué está pasando por la cabeza de la gobernadora, que se dedica ahora a visitar pueblos y subir escaleras de escuelas y cosas de esas”. Para Gorrín, esta distracción contrasta con la urgencia del tema de los nombramientos, que considera central para el funcionamiento adecuado del gobierno.
