El representante y presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Víctor Parés rechazó la solicitud de LUMA Energy de aumentar la tarifa del kilovatio hora en 2.76 centavos, calificándola como “un descaro y falta de respeto al Pueblo de Puerto Rico”.
El legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) urgió al Negociado de Energía a rechazar la petición del operador privado de la red eléctrica, la cual busca un alza en las tarifas para cubrir lo que LUMA describe como necesidades operacionales críticas para el año fiscal 2026.
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LUMA detalló a través de un comunicado de prensa que el aumento sería “para financiar las mejoras propuestas a la red y proveer fondos cruciales a las cuentas de reserva de emergencia, esta propuesta, de ser aprobada, resultaría en un aumento de 2.76 centavos el kilovatio hora, un aumento promedio mensual de aproximadamente de $11.08 en la factura residencial, o 36 centavos diarios aproximadamente”.
En una moción presentada el 22 de mayo de 2025, LUMA solicitó formalmente el aumento temporero a la tarifa de energía eléctrica para implementar desde el 1 de junio de este año.
El aumento propuesto permitiría recaudar $352 millones anuales, incluyendo $30 millones para reponer la cuenta de reserva para eventos de apagones, como exige el contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Según LUMA, los costos actuales para operar y mantener el sistema de transmisión y distribución eléctrica no están cubiertos por las tarifas vigentes desde 2017, las cuales no han sido ajustadas para reflejar la inflación, la merma poblacional y otros factores como el aumento en sistemas de autogeneración y medición neta.
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“LUMA no puede pretender que el Pueblo pague por sus ineficiencias. De acuerdo a datos oficiales, LUMA tiene obligado unos $9,085,390 millones, de esos, apenas ha solicitado reembolso por 284 millones de dólares. Una total falta de urgencia y/o crasa irresponsabilidad fiscal”, declaró Parés.
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En su moción, LUMA justificó el aumento como una medida de emergencia bajo el Artículo 6.25(d) de la Ley 57-2014, indicando que “las tarifas actuales son insuficientes para satisfacer los costos inmediatos y críticos” y advirtió que, sin fondos adicionales, la operación de la red eléctrica enfrentaría riesgos severos a partir del nuevo año fiscal.
“Estas circunstancias establecen una amenaza presente e inminente de que LUMA, como operador del sistema de transmisión y distribución, no podrá continuar cumpliendo con sus obligaciones de servicio público hacia los clientes”, se lee en la petición.
La empresa sostuvo que el aumento cubriría gastos operacionales urgentes en departamentos como Tecnología de la Información, Experiencia del Cliente, Operaciones de Transmisión y Distribución, Programas de Capital y Transformación de la Red, entre otros.
“El requerimiento de ingresos propuesto representa necesidades de financiamiento críticas y de alta prioridad que deben estar disponibles al comenzar el año fiscal 2026”, declaró LUMA en el documento oficial.
Parés también argumentó que el alza es injustificable considerando que los precios de los combustibles como el Bunker C y el diésel han bajado “dramáticamente, hasta niveles pre pandemia en enero de 2020”.
“Es un descaro y falta de respeto al Pueblo de Puerto Rico la solicitud de Luma Energy de aumentar la tarifa del kilovatio hora por casi tres centavos para, alegadamente, sufragar inversión en obras críticas y la cuenta de reserva energética de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sencillamente no, un rotundo no a esta irresponsable petición. Hago un reclamo al Presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico a que rechace, inmediatamente, esta solicitud”, concluyó.
Por su parte, el expresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, criticó duramente la propuesta de aumento, asegurando que el alza tendría un impacto significativo en los bolsillos de los abonados.
“El aumento promedio de un abonado que consume 450 kilos es de $12.42, y la media, que es 600 kilos, el promedio de todo el mundo, sería $16.42, si no me equivoco, mucho más que eso”, dijo.
Figueroa Jaramillo sostuvo que la supuesta insuficiencia de fondos que enfrenta la autoridad responde directamente a las fallas operacionales del operador privado.
“La llamada insuficiencia de fondos que tiene la autoridad es a consecuencia de la ineficiencia manera de facturar y cobro que tiene LUMA, porque el que está encargado por contrato, el que está encargado por el acuerdo contractual es LUMA, LUMA es el que factura, el que cobra, el que tiene que atender los hurtos. Pero si no factura y no cobra, no puede llegar el dinero a la autoridad para poder atender las situaciones que ellos ameritan”, continuó.
A juicio del exlíder sindical, el aumento propuesto no es necesario, especialmente considerando la existencia de otros fondos disponibles.
“No es necesario ese aumento, más todavía que tienen fondos para la reconstrucción, que en esa reconstrucción pueden ver las áreas de urgencia, tienen fondos de mitigación que también pueden atender a situaciones de emergencia”.
También señaló que los problemas con la poda, una de las causas principales de los apagones, pueden atenderse con fondos existentes.
“El 60 por ciento de los apagones del país es a consecuencia de la poda. Por lo tanto, hay fondos de mitigación para atender la poda. Por cierto, se han aprobado tres proyectos, por ello, en aproximadamente 100 millones de dólares, mucho dinero, demasiado de mucho dinero (...) El presupuesto más alto en la historia de la autoridad lo tiene LUMA, solamente LUMA. El problema que tiene LUMA son sus gastos operacionales, que son extremadamente costosos e insostenibles y por eso siguen pidiendo dinero a dos manos, como yo digo”, continuó.
Figueroa Jaramillo recordó que la promesa original de la privatización era lograr ahorros, lo que según él no se ha cumplido.
“Algo bien importante es que a nosotros nos vendieron que la operación de LUMA iba a conllevar ahorros. Ha sido todo lo contrario. La Junta de Supervisión Fiscal decía que para un desarrollo económico el kilovatio hora tenía que estar en 20 centavos. Al momento, con este aumento, estaríamos con el kilovatio hora a 28 centavos”, concluyó.
El Negociado de Energía tiene un término de hasta diez días desde la radicación de la petición para emitir una determinación preliminar, y debe celebrar vistas públicas dentro de los siguientes 30 días si se autoriza el aumento de forma provisional. La vigencia de dicho ajuste temporero no puede exceder los 180 días.
