La Comisión de Agricultura llevó a cabo una vista pública para evaluar el Proyecto de la Cámara 168, que propone crear la “Ley del Inventario de Villas Pesqueras de Puerto Rico”, a fin de mantener en el Departamento de Agricultura (DA) un inventario actualizado y en formato digital de las villas pesqueras que hay en Puerto Rico.
A la audiencia compareció en apoyo a la medida Ricardo Rivera, en representación del DA.
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“El Departamento de Agricultura endosa plenamente el Proyecto de la Cámara 168 y se compromete a ejecutar diligente y eficientemente las disposiciones establecidas. Este instrumento legislativo no solo responde a una necesidad operacional, sino que representa un compromiso con la sostenibilidad, transparencia y gobernanza responsable de nuestros recursos costeros”, indicó Rivera añadiendo que actualmente no existe un inventario oficial, detallado y completo.
De igual manera, Rivera manifestó que la creación del inventario propuesto está en armonía con el mandato legal contenido en la Ley Núm. 61-1990, así como con la política pública del Gobierno de Puerto Rico de apoyar el desarrollo de la industria pesquera como una fuente legítima de desarrollo económico.
“El Artículo 4 del PC 168 faculta expresamente al Departamento a adoptar reglamentos necesarios para cumplir con los propósitos de la Ley, lo cual es esencial para establecer criterios uniformes, garantizar la transparencia y facilitar la colaboración interagencial”, abundó el deponente.
El senador Jeison Rosa Ramos preguntó cuál ha sido la consecuencia de no contar con un inventario de villas pesqueras. Rivera respondió que en realidad lo que tienen son facilidades pesqueras como muelles, rampas, edificios o combinación de todas.
“En algunas ocasiones estamos hablando en términos comerciales de una pescadería, de un área de almacenamiento de materiales y tipo de pesca. Puede ser un restaurante, puede ser un puerto para otras actividades, como las actividades de pesca, que en lo comercial es la que se autoriza a pescadores pequeños… Esto implica en parte no recibir fondos federales”, añadió.
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En seguimiento a la pregunta de Rosa, el deponente abundó que “el no tener esa tenencia dificulta, por ejemplo, que podamos hacer declaraciones ante agencias federales en caso de emergencia. Por lo tanto, tenemos que demostrar que somos dueños de las propiedades y que es un proceso muy complejo, porque entonces, si no hay la titularidad, tenemos que demostrar que hemos hecho un acto afirmativo de administrarla y que las propiedades no pertenecen a nadie”, sostuvo Rivera.
En su turno, la senadora del Partido Popular Democrático, Ada Álvarez Conde, preguntó qué ayuda se le está proveyendo a los pescadores desde el DA. Rivera respondió que se asignaron unos fondos federales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés), donde también se entregó el 100 por ciento de lo que era posible entregar. Añadió que todavía están en el proceso de sostener propuestas y cambios, discutiendo con las agencias federales, porque había un sobrante que fue por una disposición de la propia ley federal, donde le llevaron el 100 por ciento a todos los que cualificaron. Rivera dijo que están en discusión de otra propuesta para poder lograr la segunda asignación porque son por separado con reglas distintas.
Igualmente, Álvarez preguntó sobre los reclamos de los pescadores que quieren, en vez de crear un proyecto nuevo, enmendar la Ley 61. Rivera indicó que se podría enmendar dicha ley, pero el mundo está cambiando y sí se quiere cubrir todos los sectores es viable crear un nuevo proyecto.
De otro lado, participaron como deponentes la Federación de Pescadores y Defensores del Mar de Puerto Rico (FEPDEMAR), que expresaron su oposición a la medida según aprobada y presentaron enmiendas a la misma para consideración. “No obstante a las enmiendas aquí propuestas, se debe aclarar lo siguiente. FEPDEMAR se opone al PC 168 según aprobado por la Cámara de Representantes y enviado al Senado. Sólo con las enmiendas y garantías aquí propuestas se podría considerar favorecer el proyecto”, dijo Miguel Ortiz Serrano, presidente de FEPDEMAR.
Entre las enmiendas propuestas presentaron que, en vez de hacer una ley aparte, el PC 168 constituya una enmienda a la “Ley para el Fomento y Desarrollo de la Industria Pesquera y la Acuicultura” (Ley 61). Las disposiciones del PC 168 se podrían integrar a la Ley 61 como un nuevo inciso sobre Funciones y deberes del Programa.
Además, en cuanto al artículo 3, indicó que se debe incluir en el inventario “todas las villas pesqueras, independientemente de que se desconozca o esté en controversia la titularidad de ésta; en tales casos, se anotará que la titularidad está en controversia o que se desconoce a quién pertenece, pero será siempre incluida en el inventario. Además, los pescadores y las asociaciones de pescadores deben tener oportunidad de participar en la formación del inventario”. Igualmente, en el artículo 5 se propone que se eliminen los informes mensuales o que se limite a un informe al cabo de 90 días, de tal forma que el DA pueda dedicar más tiempo a la creación del inventario como tal.
Rosa preguntó cuáles son las prioridades para atender la pesca comercial. El licenciado Juan Capella Noya, representante legal de la FEPDEMAR detalló que sería nombrar un nuevo director al programa de pesca del DA; revisar los contratos donde estén involucrados los municipios y hacer un estado de situación de todas las villas pesqueras identificando los fondos y el proceder para repararlas.
En su turno, el senador de mayoría, Luis Daniel Colón La Santa, preguntó a Ortiz, si se han unido como villas pesqueras para impulsarlas. “Sí. Nosotros tenemos convocatoria próximamente para una asamblea donde participarán todos los pescadores a nivel de Puerto Rico. Dialogamos con todas las villas pesqueras”, indicó Ortiz. Igualmente, el senador preguntó cuándo se renueva el contrato de la villa pesquera. Ortiz dijo que en su caso son cada cinco años y presenta las peticiones de cambio en el proceso.
