Una ola de incertidumbre y angustia embarga a cientos de trabajadores venezolanos en Estados Unidos luego de que Walt Disney Co. anunciara su decisión de suspender a los empleados beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), tras el reciente fallo de la Corte Suprema que amenaza con revocar esta protección migratoria.
El fallo judicial pone en riesgo la permanencia laboral de más de 350.000 ciudadanos venezolanos, muchos de ellos empleados en estados como Florida, donde Disney tiene una de sus principales operaciones. La compañía ha informado que aquellos cuya documentación expire serán puestos en licencia sin goce de sueldo a partir del 20 de mayo, y contarán con 30 días para regularizar su situación migratoria.
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“Se le prohibió ingresar a su lugar de trabajo en un hotel de Disney el martes”, relató un trabajador venezolano afectado, en declaraciones recogidas por Bloomberg. El empleado solicitó el anonimato por tratarse de información sensible.
30 días para obtener nueva autorización laboral
La medida comunicada por Disney estipula que, de no obtener una nueva autorización de trabajo en ese plazo, los empleados serán oficialmente desvinculados. Aunque la compañía no ha revelado cuántos trabajadores con TPS integran su plantilla, se presume que el número en Florida podría ser significativo debido al peso de la comunidad venezolana en el estado.
Hasta el momento, Disney ha optado por no emitir declaraciones públicas adicionales sobre la situación, y se desconoce si otras grandes compañías seguirán una línea similar frente al cambio en la interpretación legal del TPS.
Impacto humanitario y político
La decisión de la Corte Suprema reaviva el debate sobre la protección migratoria y el estatus de miles de trabajadores extranjeros que, amparados en el TPS, han construido una vida en EE. UU. En particular, la comunidad venezolana enfrenta una disyuntiva compleja: permanecer en el país sin autorización laboral o abandonar su fuente de ingresos.
Este nuevo giro legal podría repercutir en otros sectores económicos que emplean a migrantes protegidos por el TPS, además de activar reacciones tanto en organismos de derechos humanos como en gobiernos latinoamericanos.
