El Departamento de Educación, la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) presentaron, en la mañana del sábado, su petición presupuestaria para el año fiscal 2025-2026 ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, que preside la senadora Migdalia Padilla Alvelo.
“Sabemos los controles que nos pone la Junta de Supervisión Fiscal pero eso no nos puede evitar de conseguir las cosas que queremos, siempre que todo lo tengamos justificado vamos a poder lograr conseguir los fondos solicitados”, expresó Padilla Alvelo.
En primera instancia, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, solicitó un presupuesto consolidado de $5,130 millones, de los cuales $2,969 millones serían provenientes del fondo general. En comparación con el corriente año fiscal, el presupuesto contempla un aumento de poco más de $99 millones. Esto, para sufragar los gastos más importantes el próximo año.
Ramos Parés explicó que estas prioridades corresponden a la infraestructura educativa, con el objetivo de estabilizar, reconstruir y desarrollar espacios escolares actualizados y adecuados a las necesidades actuales y futuras. Esto permitirá garantizar una enseñanza de excelencia y competitiva para todos los estudiantes.
En segundo lugar, resaltó la importancia de atender la proficiencia académica mediante el diseño e implementación de estrategias e iniciativas dirigidas a reducir el rezago académico. Este rezago ha sido agravado por diversas contingencias que han interrumpido y afectado los patrones tradicionales de enseñanza.
De igual forma, enfatizó la inversión en recursos humanos como un elemento clave para lograr un impacto positivo en el entorno escolar. Busca contar con personal preparado y altamente capacitado, que sea el motor del desarrollo integral del estudiantado. Asimismo, se propone fortalecer la estructura administrativa con talento y competencias necesarias para liderar proyectos de mejoramiento tanto en la planta física como en los servicios académicos.
Por último, entre estas prioridades, Ramos Parés mencionó la necesidad de reforzar la competitividad y estabilidad a las asistentes de Servicios al Estudiante, donde se aumentó el salario base a $11 para este grupo.
Entre las preocupaciones Ramos Parés expresó que surge el reto de no poder contar con la asignación de fondos el Programa Elementary and Secondary Schools Emergency Relief (ESSER), que entre 2020-2024 tuvo una aportación de alrededor de $168 millones. Estos fondos tendrán que ser aliviados dentro del presupuesto consolidado general. En esta área, hasta el momento, el secretario anticipó, a preguntas de la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, habría un déficit de 75 millones.
Asimismo, a preguntas de la senadora Padilla Alvelo sobre la reconstrucción y mantenimiento de los planteles de cara al regreso a clases del próximo año, el secretario adelantó que se aprobaron unos fondos federales solicitados a la Junta de Supervisión Fiscal. “En términos de lo que es el mantenimiento, lo que son las escuelas que están bajo la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas, precisamente ayer nos llegó un planteamiento de redistribución. Había unas iniciativas y había unos fondos que estaban bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), pero era para iniciativas que estaban dirigidas al Departamento de Educación” explicó.
“Algunas de esas iniciativas, aunque sus objetivos eran muy buenos, no estaban siendo efectivas. Así que le pedimos a la Junta dejar sin efecto esas iniciativas y poder encaminar estos fondos para mejoramientos de infraestructura en las escuelas de manera inmediata. Esto se sometió mucho antes de la congelación de los fondos federales. Así que el día de ayer nos llegó eso aprobado. Se va a estar encaminando, hay un plan ya concertado para este Back to School que envuelve contratistas privados, pero igualmente envuelve municipios”, añadió Ramos Parés.
Por otro lado, el doctor Miguel Muñoz, presidente interino de la UPR también presentó su solicitud presupuestaria ante la Comisión. “La UPR solicita un mínimo de $500 millones irrestrictos para su operación. Por otra parte, la UPR solicita una asignación adicional de $102 millones para el año fiscal 2026 para continuar la transformación y reestructuración del Sistema”, enfatizó Muñoz.
Del mismo modo, solicitó $90 millones para implantación del Plan de Clasificación y Retribución No Docente, durante el año fiscal 2025-2026, de manera recurrente. Este plan incluye 323 clases y 23 categorías salariales, que se encuentra en revisión con las observaciones planteadas por la Junta de Supervisión Fiscal. Asimismo, sucede con el Plan de Retribución del Personal Docente, que rondará los $100 millones.
En cuanto al impacto de proyectos subvencionados con fondos federales en el 2024-2025, Muñoz adelantó que “según datos preliminar provistos por los recintos, se han identificado proyectos que han sido cancelados o suspendidos temporalmente; en conjunto estos proyectos representaban una subvención aprobada que superaba aproximadamente $68 millones, de los cuales se estima que $18 millones no serán desembolsados”.
La asignación consolidada sería de $1.3 millones incluyendo ayudas, asignaciones especiales y fondos federales, así como los utilizados del fondo general.
A su vez, ante una posibilidad en la merma en matrícula para los próximos años en el sistema universitario UPR, el presidente interino adelantó que siguen fortaleciendo la oferta académica a distancia, alcanzando un total de 26 programas ofrecidos mediante esta modalidad y logrando un 100% en acreditación por la Middle States Commission on Higher Education.
Con el propósito de transformar la UPR, la Junta de Gobierno de la Universidad identificó varias iniciativas presentadas por la Oficina de Desarrollo, Innovación y Transformación. Una de las prioridades es mejorar la visibilidad de la propuesta de valor de la UPR tanto para estudiantes locales como internacionales, a través de campañas de mercadeo y reclutamiento.
Asimismo, se promueve la ampliación del acceso a la educación universitaria para estudiantes de escuela superior mediante programas presenciales y virtuales, como el programa Adelanta, que les permita obtener créditos transferibles. En esta misma línea, se plantea expandir la oferta de programas virtuales, tanto sincrónicos como asincrónicos, que atiendan las necesidades de estudiantes tradicionales y no tradicionales.
Otra acción importante es la optimización de la oferta académica en todos los recintos, evaluando su relevancia frente a las demandas cambiantes de los estudiantes y la industria, y fortaleciendo aquellos programas alineados con necesidades emergentes. Para lograr mayor agilidad institucional, se propone simplificar los procesos de desarrollo y lanzamiento de nuevos programas académicos, mediante la creación de sistemas que permitan responder rápidamente a los cambios del entorno.
Además, se contempla fortalecer la infraestructura de datos a través de la recopilación y monitoreo de información crítica que apoye la toma de decisiones en áreas como asuntos estudiantiles, recursos humanos, finanzas, infraestructura, admisión, retención e investigación.
Finalmente, se propone evaluar la sostenibilidad del sistema universitario actual, considerando alternativas como la especialización de recintos o la reorganización en centros universitarios multi-recintos, para responder de forma más eficiente a los retos actuales.
De otra parte, el director ejecutivo de la AEP, Félix Lasalle presentó un presupuesto recomendado de $156 millones de los cuales $5 millones corresponden al fondo general y asignaciones especiales, y $151 millones de fondos estatales especiales e ingresos propios. En comparación al actual presupuesto, esto representa un aumento de $5 millones en el fondo general y $1 millón en fondos especiales estatales. Cabe destacar, que la AEP había presentado una solicitud de $203 millones.
Sin embargo, Lasalle explicó que la AEP ha mantenido conversaciones con la OGP y la Junta de Supervisión Fiscal ya que tiene unas necesidades al descubierto para el próximo año fiscal. Entre estas obligaciones se encuentran los gastos de nóminas de reclutamiento en varias plazas, no cuentan con asignaciones especiales y no tienen proyectados fondos federales para el 2026.
Entre las prioridades actuales se encuentran las mejoras de las escuelas que tienen bajo custodia. Para ello, la OGP mantiene $16.8 millones para mejoras críticas en escuelas para el Back to School y cuarteles de la policía. “Este plan se encuentra en desarrollo y la autoridad tiene como objetivo completar y entregar el plan en o antes del 16 de julio de 2025”, puntualizó Lasalle.
“Yo no les puedo asegurar que en agosto las escuelas van a estar al 100%, yo les puedo asegurar que van a estar óptimas para recibir a los estudiantes”, agregó.
