El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) defendió el Proyecto de la Cámara 269 como una medida necesaria para atender la ocupación irregular de estructuras en terrenos y aguas de dominio público en La Parguera, Lajas.
Durante una vista pública, la directora de la Oficina de Asuntos Legales del DRNA, licenciada Brenda Liz González Méndez, explicó que la medida no implica la cesión de terrenos, sino que establece un marco regulatorio estricto para garantizar la protección ambiental, la fiscalización y la estabilidad jurídica de los ocupantes.
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Según la funcionaria, la situación en La Parguera lleva más de 45 años sin una regulación clara. En ese periodo surgieron múltiples estructuras rústicas sin permisos ni acceso a servicios básicos, muchas de ellas transmitidas entre generaciones.
“Estas estructuras han contribuido al desarrollo socioeconómico de la región y se han convertido en símbolos del patrimonio cultural y turístico de Puerto Rico”, indicó González Méndez. No obstante, reconoció que su permanencia en terrenos públicos ha generado conflictos por la falta de un régimen formal.
El proyecto propone crear una “Zona de Planificación Especial Turística” que coordinaría esfuerzos entre el DRNA, la Junta de Planificación, la Compañía de Turismo y el Municipio de Lajas para el desarrollo sostenible de la zona. La medida también establecería un sistema de licencias de uso revocables, que no conceden derechos de propiedad, sino que se condicionan al cumplimiento de normas ambientales y al pago de cánones anuales. Estos pagos podrían superar entre 5% a 10% lo que ya pagan marinas y muelles privados por el uso de aguas estatales.
González Méndez recalcó que no se trata de una venta disfrazada. “En ningún momento se cede el dominio público, y las licencias de uso son permisos temporales, revocables y condicionados al cumplimiento de estrictas normas ambientales”, dijo.
También señaló que el régimen de concesiones permitiría generar ingresos, de los cuales al menos el 150% se reinvertiría en la conservación de la Reserva Natural La Parguera y la zona costera del suroeste.
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Entre las disposiciones más específicas del proyecto está el requerimiento de una certificación juramentada por un ingeniero o agrimensor licenciado que detalle con precisión de una pulgada la huella de cada estructura. Esta cláusula busca evitar expansiones y facilitar la fiscalización.
“El establecimiento de límites claros pone fin a décadas de incertidumbre y permite al DRNA ejercer su facultad fiscalizadora”, afirmó González Méndez, quien indicó que cualquier expansión no autorizada sería causa para revocar la licencia y ordenar la remoción inmediata.
Además, el proyecto prohíbe nuevas construcciones o ampliaciones. Si una estructura se destruye en más del 50%, no podrá ser reconstruida. También requiere cumplir con reglamentos de control ambiental y certificaciones sanitarias emitidas por plomeros licenciados. El DRNA tendría un plazo de seis meses para aprobar la reglamentación que implemente estos procesos.
Según la exposición de motivos del proyecto, estas estructuras datan, en su mayoría, de la década de 1960 y fueron edificadas originalmente sin permisos formales ni conexión a sistemas de alcantarillado, agua potable o electricidad. Aunque durante décadas han servido como espacios recreativos y han sido traspasadas de generación en generación, su existencia ha generado conflictos legales y ambientales por su ubicación en bienes de dominio público.
“Por más de medio siglo, estas estructuras han resistido los embates del tiempo y de la naturaleza... se han convertido en gran atractivo turístico”, sostiene el texto legislativo. No obstante, se admite que el aparato gubernamental ha sido ineficaz en reglamentar su uso y en cobrar tarifas por su ocupación, como sí ocurre con otras facilidades similares, como marinas privadas.
El Departamento de Justicia también apoyó la medida. La secretaria auxiliar de la Secretaría Auxiliar de Asesoramiento del Departamento, licenciada Ketzy García, argumentó que el proyecto no infringe la Constitución ni representa una transferencia de titularidad sobre terrenos públicos. “Este proyecto no está promoviendo una violación a nuestra Constitución”, sostuvo García, quien subrayó que se trata de concesiones limitadas bajo criterios claros.
“El proyecto establece criterios ambientales específicos, prohíbe nuevas construcciones y permite la revocación de licencias en caso de incumplimiento”, añadió. También reconoció que, si se aprueba la ley, el DRNA deberá revisar o derogar el reglamento 4860, vigente desde hace años, para alinearlo con la nueva política pública.
De igual forma, la medida encontró un rechazo firme en la Legislatura, donde varios representantes advirtieron que el proyecto valida construcciones ilegales en la zona marítimo terrestre y podría sentar un precedente preocupante. Legisladores de distintas delegaciones argumentaron que, de aprobarse, abriría la puerta a más ocupaciones sin permisos en áreas costeras, al ofrecer un camino para su eventual legalización.
“El proyecto es un intento burdo del PNP de premiar violaciones de ley con beneficios legales”, afirmó Héctor Ferrer Santiago, representante del Partido Popular Democrático (PPD).
Desde el Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez Lebrón levantó sospechas sobre los intereses que motivan la propuesta, mientras que Lisie Burgos, del Proyecto Dignidad, denunció un trato desigual entre ciudadanos comunes y personas con acceso al poder. Ambos coincidieron en que la medida socava los principios de justicia ambiental y reglamentación equitativa.
