A menos de un mes del apagón generalizado que dejó a millones de personas sin servicio eléctrico en Puerto Rico, el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) declaró una emergencia energética en la isla mediante dos órdenes ejecutivas emitidas el viernes, con el objetivo de reforzar la red eléctrica, aumentar la generación y prevenir nuevos apagones durante la temporada de verano.
Las acciones, autorizadas bajo la Sección 202(c) de la Ley Federal de Energía, instruyen a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a despachar unidades de generación adicionales y ordenar la limpieza inmediata de vegetación que representa un riesgo para la infraestructura de transmisión.
La gobernadora Jenniffer González Colón respaldó la medida al destacar que “con estas órdenes tendremos la flexibilidad necesaria para comenzar a estabilizar la infraestructura de nuestra red eléctrica y garantizar un suministro confiable para los 3.2 millones de ciudadanos americanos en Puerto Rico”.
Agradeció al presidente Donald Trump y al secretario de Energía federal Chris Wright por “convertir las palabras en acciones” ante la crisis energética.
Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (APP) y zar de Energía, Josué Colón, aseguró que “con la medida se atenderán las deficiencias en la generación, así como problemas en la transmisión y distribución” y que con las nuevas órdenes “vamos a poder realizar las reparaciones que necesitamos para tener más energía disponible, de una manera más acelerada y realizarlos de forma expedita”.
Sin embargo, el expresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, expresó reservas ante el optimismo del gobierno local.
“Por eso es preocupante. En términos generales, el decir acelerar por todo el mundo no puede haber positivo por acelerar a costa de qué. De obviar permisologías, de obviar mecanismos que puedan garantizar sostenibilidad de el caso de la vegetación, acelerar destrucción de de áreas boscosas, ambientes ambientes que es lo que ellos quieren acelerar. Y segundo acelerar, porque para demostrar de que después Luma hizo un trabajo que hasta el día de hoy no ha podido demostrar que está capacitado para hacerlo. Si no puedes cumplir meramente con la cuestión burocrática. Pues cómo garantizar que pueda cumplir con la cuestión práctica?”, dijo.
Figueroa Jaramillo interpretó la intervención federal como una admisión tácita del fracaso de los operadores privados al frente del sistema energético puertorriqueño.
“Esa determinación del Departamento de Energía Federal es el reconocimiento, el fracaso de los operadores privados en el que la misma declaración, que por cierto, no tiene ningún elemento de cuál es el curso de acción”, sostuvo Jaramillo.
“Seguramente lo que señala es que se encarga la autoridad de atender esto, atender lo otro, pero no le da ni ascienda a fondos federales para atender la situación. No hay un mandato directo a FEMA para que alibere alguna ayuda”, continuó.
Jaramillo cuestionó también la ausencia de directrices claras y recursos asignados, y aseguró que lo planteado son funciones ordinarias que no han sido atendidas por la agencia privada LUMA Energy en sus cuatro años de gestión.
“Meramente hace una declaración, detecta unos problemas y delega a la autoridad energética atenderlo. Así que en cierta manera, más bien yo visualizo esto como un reconocimiento claro del fracaso de los operadores privados en atender dos elementos que son funciones ordinarias. La poda de la vegetación es algo ordinario, no es nada extraordinario. Y LUMA lleva cuatro años y sin cuatro años no ha podido atender ese elemento mínimo. Es más que evidente su fracaso”, informó.
También expresó preocupación ante la posibilidad de que la medida sirva para debilitar los requisitos regulatorios que, hasta ahora, han impedido el acceso a fondos federales sin planificación adecuada.
“Si esto significa la liberación de todos los procesos regulatorios que tiene que cumplirse para poder adquirir fondos de FEMA, es sumamente preocupante en que entonces se diera un cheque en blanco para liberar lo que por reglamento se supone que Luma cumpla. ¿Cuál va a ser el plan de deforestación y de control de vegetación? FEMA viene pidiendo eso hace mucho tiempo y Luma no lo ha sometido”, cuestionó.
Sobre el componente de generación, indicó que el propio gobierno federal reconoció problemas graves sin ofrecer soluciones estructurales.
“En el caso de la generación, el mismo documento reconoce que hay fuerte mantenimiento y que aquí está pagado desde febrero. Un reconocimiento tácito. Que le van a querer dar la vuelta, pero que es un reconocimiento el fracaso de los dos operadores privados en las encomiendas mínimas que tienen bajo contrato”.
Para Jaramillo, este tipo de medidas contribuye a reforzar el expediente en contra de la permanencia de los contratos actuales.
“Yo creo que lo que ayuda es a seguir acumulando evidencia para salir de los dos contratos e involuntar a salir de los dos contratos”, afirmó.
