Desde enero, el Departamento de la Familia (DF) ha identificado cerca de 250 casos de adultos mayores abandonados en hospitales públicos y privados del país, confirmó la secretaria de la agencia, Suzanne Roig.
“Sacamos uno, abandonan tres”, dijo la funcionaria sobre lo que se ha convertido en una dinámica constante, que requiere intervención de trabajadores sociales de Familia en conjunto con los trabajadores sociales de los hospitales.
“Cada caso es único. La mayoría de estos adultos mayores no tienen una tutela del Estado ni de terceros, y, muchas veces, la llamada del hospital es porque nadie los ha visitado ni logran contactar a alguien”, explicó Roig en entrevista Punto por Punto con Metro Puerto Rico. Para abordar el problema, el DF realiza investigaciones que pueden tomar de uno a tres meses, aunque se ha acortado el tiempo a uno cuando la urgencia lo requiere. En ese período de tiempo, el adulto mayor permanece en el hospital.
En ocasiones, se logra reconectar al adulto mayor con familiares o parejas que, por limitaciones físicas o tecnológicas, no habían podido localizarlo. En otros, el Estado recurre al tribunal para asumir tutela legal y proceder a su reubicación en un hogar licenciado.
Proliferan los hogares clandestinos
La secretaria también confirmó que la agencia ha intervenido con múltiples hogares de cuidado prolongado que operaban sin licencia vigente. Algunos estaban en proceso de renovación, mientras otros nunca se habían registrado ante el DF.
“Si usted opera un hogar sin licencia, está al margen de la ley”, enfatizó. La ley actual prohíbe que personas que operen hogares clandestinos vuelvan a abrir otros centros. No obstante, Roig dijo que evalúan cambios legislativos que permitirían una transición a la legalidad en casos donde los servicios ofrecidos sean adecuados.
Una vez se interviene con un hogar sin licencia, el protocolo incluye contactar a a familiares, realizar evaluaciones médicas a los adultos mayores y, si es necesario, iniciar procesos judiciales para su reubicación en centros certificados.
Familias deben planificarse para la vejez
Consultada sobre el costo de los hogares licenciados —que, en casos, superan los $2,000 mensuales—, Roig reconoció que hay una carga económica significativa, pero sostuvo que existen alternativas accesibles. “Hay hogares que aceptan el ingreso del Seguro Social. Es cuestión de buscar”, afirmó.
La funcionaria hizo un llamado a la ciudadanía a planificar con anticipación y a visitar varios centros antes de tomar una decisión. “Lo primero que deben preguntar es si tienen licencia del Departamento de la Familia”, recalcó.
Alta demanda de cuidados en el hogar
Roig señaló que hay una lista de espera de más de 1,600 adultos mayores que han solicitado el servicio de amas de llaves o auxiliares en el hogar. Actualmente, alrededor de 6,400 personas lo reciben mediante fondos asignados a municipios y a proveedores contratados.
“Estamos firmando nuevos contratos con municipios y solicitamos presupuesto adicional para ampliar el alcance del programa”, indicó. Según esta, el modelo municipal ha demostrado ser más ágil y efectivo para atender la necesidad en las comunidades.
Los menores que se le desaparecen al Estado
A diciembre de 2024, el Departamento de la Familia registraba 39 menores bajo custodia que estaban evadidos. Algunos tienen entre 18 y 21 años, y optan por salir de los hogares del Estado para reencontrarse con familiares o independizarse. Aunque en Estados Unidos son considerados adultos a los 18 años, en Puerto Rico, la edad legal de mayoría es 21. El Departamento mantiene comunicación con algunos de estos jóvenes, incluso cuando deciden no regresar.
Trabajadores sociales
La agencia ha logrado atender sobre 10,000 referidos de maltrato en menos de tres meses, según la secretaria. El proceso se ha reforzado con nuevas contrataciones y esfuerzos de reclutamiento, que aún continúan. “Puerto Rico tiene capital humano en trabajo social. Nos siguen llegando solicitudes”, sostuvo Roig.
PAN a SNAP
Aunque el gobierno federal pudiera considerar este año una revisión de la Ley Agrícola que viabilizaría la transición al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés), Puerto Rico aún no cumple con todos los requisitos. La infraestructura tecnológica y la incorporación de beneficiarios al empleo son áreas en proceso. “Estamos trabajando para estar listos para la próxima medida”, afirmó Roig.
