La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) respaldó enmendar el Código Municipal para permitir a los municipios notificar con 24 horas de antelación —en lugar de cinco días— su intención de realizar trabajos de emergencia para restablecer servicios eléctricos.
El apoyo fue expresado por la directora ejecutiva Maricarmen Zapata Acosta en un memorial sometido a la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes.
El Proyecto de la Cámara 430 busca modificar el inciso 5 del artículo 1.018 del Código Municipal (Ley 107-2020) para que los alcaldes puedan intervenir más rápidamente en eventos de emergencia, siempre que notifiquen a las entidades pertinentes, incluyendo a la AEE, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), LUMA Energy y Genera PR.
Según la AEE, el cambio propuesto permitiría “reducir significativamente los tiempos de respuesta ante interrupciones en el servicio eléctrico” y facilitaría la colaboración entre los municipios y las agencias responsables de infraestructura crítica. No obstante, advirtió que FEMA no reconoce como solicitantes elegibles a los municipios que trabajen en instalaciones fuera de su jurisdicción. Por ello, enfatizó que los municipios deberán actuar bajo acuerdos formales de ayuda mutua autorizados por la AEE.
“Para que el trabajo realizado por el municipio sea elegible, debe haber sido solicitado y autorizado formalmente por la autoridad”, aclaró la AEE. Además, cualquier solicitud de reembolso a FEMA tendría que canalizarse a través de la corporación pública, como entidad con responsabilidad legal y financiera sobre el sistema eléctrico. Zapata Acosta afirmó que la AEE apoya la medida “siempre que se consideren las aclaraciones necesarias para garantizar el cumplimiento con las guías federales”.
El proyecto también dispone que la certificación de los trabajos —necesaria para solicitar fondos federales o estatales— se emita a más tardar cinco días después de completadas las obras. Esta tarea recaería sobre la AEE o sus operadores privados, LUMA y Genera PR, según los estándares técnicos y regulatorios aplicables.
Pese al aval de la AEE, tanto la AAA como LUMA expresaron su oposición al proyecto.
Luis Ortiz Salgado, vicepresidente de operaciones de la AAA, sostuvo que reducir el aviso previo a 24 horas comprometería la planificación y seguridad de la infraestructura de agua potable. Señaló que el proyecto no define qué se entendería por “justa causa” para no notificar a tiempo, ni establece consecuencias claras para los municipios que incumplan el nuevo término. “La posición de la autoridad es que ni el municipio ni un tercero debe intervenir con el sistema de agua potable o alcantarillado sanitario sin contar con la autorización previa de la autoridad”, afirmó.
Ortiz Salgado advirtió que una intervención no coordinada podría afectar comunidades vecinas y acarrear multas de agencias reguladoras. Recalcó que la AAA ha suscrito acuerdos con municipios para atender emergencias, pero insistió en mantener procesos mínimos de aviso y autorización. “La interrupción o falta de servicios esenciales afecta la calidad de vida”, reconoció, aunque sostuvo que la coordinación formal es indispensable.
Por su parte, LUMA Energy, operador del sistema de transmisión y distribución eléctrica desde 2021, coincidió en que reducir el tiempo de notificación pondría en riesgo la seguridad pública. Hamilton Lugo Anguita, director de operaciones de líneas de transmisión, advirtió que una notificación tan corta impediría realizar las coordinaciones necesarias para desenergizar las áreas de trabajo y proteger a los empleados y la ciudadanía.
“Trabajos sin notificar al operador de sistemas presentan un riesgo crítico que puede tener consecuencias graves”, indicó Lugo Anguita, quien señaló que la medida también podría afectar la elegibilidad de fondos federales ante FEMA por falta de documentación y coordinación técnica.
LUMA propuso que, en lugar de acortar el término, se detalle en la ley la información mínima que debe contener la notificación municipal: cronogramas, contratistas, pólizas de seguro y credenciales del personal. También destacó su Plan de Respuesta de Emergencia, que se actualiza cada año, y los protocolos que ha desarrollado tras eventos como el huracán Fiona.
La empresa argumentó que intervenciones no planificadas pueden causar descargas eléctricas, duplicación de esfuerzos, daños a la infraestructura e interrupciones masivas del servicio. “El cumplimiento de estos estándares es esencial”, sostuvo.
