Dos aseguradoras médicas, así como la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese), se opusieron a una pieza legislativa que establece que estas empresas les paguen a sus proveedores por servicios realizados al paciente que no estén cubiertos en su totalidad.
El Proyecto de la Cámara 132 sugiere que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) fije límites de tarifas adicionales, o “comercialmente razonables”, para que un proveedor pueda cobrarle a la aseguradora por servicios no contemplados. En vez de que el paciente asuma el costo adicional, lo haría la aseguradora, en busca de que se les haga justicia salarial por tarifas no revisadas que ha ocasionado una fuga de talento.
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La asesora legal de Acodese, Jessica Forty Díaz, junto las representantes de Triple S, Wildalis Serra Ortiz, y el Plan de Salud Menonita (PSM), Yamilca Ortiz, refutaron en vista pública de la Comisión de Salud que los proveedores acordaron cuáles eran las tarifas en el contrato, que establece lo que se les paga “únicamente”.
Hubo oposición también a que el proveedor establezca “sin definir bases o espectro de interpretación” las tarifas adicionales. “Eso va a traer, sin duda, una serie de controversias que el sistema no va a poder manejar”, declaró Serra Ortiz, quien es directora de Asuntos Gubernamentales y Política Pública en Triple S.
“Si un proveedor no está de acuerdo con las tarifas que le paga la aseguradora, tenía la alternativa de negociar dichas tarifas o simplemente no entrar en una relación contractual con dicha aseguradora”, pronunció en su ponencia la asesora legal de Menonita.
El presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico, Felipe Cintrón Zayas, dijo recientemente a Metro Puerto Rico que las aseguradoras imponen sus tarifas sin capacidad de negociación y entregan sus contratos sin tarifarios, que tampoco les permite refutar los costos.
Las tres representantes, que solicitaron una mejor definición de tarifas “comercialmente razonables”, aludieron a que un ajuste arbitrario de tarifas también podría elevar la prima que paga el beneficiario, lo que contrarresta el objetivo de la medida.
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Mencionaron como sugerencia que, en lugar de aprobar esta medida, se enmiende el Capítulo 48 del Código de Seguros de Salud, que protege al paciente de facturas sorpresa (cuando el paciente desconoce cuánto paga hasta que recibe la factura), para incluir que se le notifique de antemano y por escrito el detalle del monto.
La representante de la OCS, la licenciada Brenda Pérez, por su parte, esbozó que las aseguradoras deben asumir ese costo adicional del servicio, no el paciente; que están a la disposición de desarrollar una guía con los límites de la tarifas razonables; y velarán por el cumplimiento de esa guía en las compañías bajo su jurisdicción, que son los planes comerciales.
Las aseguradoras MCS y First Medical no entregaron ponencias a la Comisión de Salud ni se comunicaron con el organismo, dijo el presidente de la comisión, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló.
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.
