El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, radicó una resolución mediante la cual se busca ordenar una investigación sobre el proceso de subasta y adjudicación del contrato para el sistema de cámaras de vigilancia en las escuelas del Departamento de Educación.
La medida fue aprobada en la sesión ordinaria del lunes en el Senado de Puerto Rico.
“La transparencia y legalidad en los procesos de contratación pública son pilares fundamentales para la confianza ciudadana y la legitimidad de la administración gubernamental. Este principio adquiere especial relevancia cuando se trata de contratos de gran envergadura presupuestaria, como lo es la adjudicación de un contrato de sistema de videovigilancia electrónica en las escuelas del sistema público de enseñanza de Puerto Rico, cuya inversión supera los $120 millones por un periodo de 5 años”, cita la exposición de motivos de la medida que fue referida para investigación a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que dirige Rivera Schatz.
La medida sostiene que incluirá en la investigación toda actuación del DE, las determinaciones de la Administración de Servicios Generales (ASG) y las alegaciones presentadas ante la Junta Revisora por las partes impugnantes. La pieza legislativa establece que dicha comisión tendrá 90 días para rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
Esto ocurrió luego de que el contrato fuera paralizado tras una impugnación sobre el proceso de otorgación. Ahora, con la radicación de la Resolución del Senado 1080, se busca que la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del cuerpo investigue el proceso.
La investigación indagará sobre la legalidad de las actuaciones del Departamento de Educación y de la Administración de Servicios Generales (ASG) en el manejo del proceso de evaluación y adjudicación.
“Se ordena a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el proceso de subasta, evaluación, adjudicación y contratación del sistema de videovigilancia electrónica en los planteles escolares del Departamento de Educación de Puerto Rico, conforme al RFP DEPR-OC-2024-006, incluyendo toda actuación de la agencia, las determinaciones de la Administración de Servicios Generales (ASG) y las alegaciones presentadas ante la Junta Revisora por las partes impugnantes”, lee la resolución.
Metro Puerto Rico reportó en su portada digital del lunes que la Junta Revisora de la Administración de Servicios Generales (ASG) ordenó la paralización inmediata del proceso de contratación entre el Departamento de Educación y la empresa GM Sectec Corp., seleccionada para encargarse del sistema de vigilancia electrónica en más de 800 planteles escolares, tras una impugnación presentada por Genesis Security Services, Inc.
En una resolución emitida el 15 de abril de 2025, la Junta acogió una moción presentada por Genesis, que por años ha tenido a su cargo el sistema de cámaras en las escuelas públicas, y determinó suspender cualquier trámite contractual hasta que se dilucide la revisión administrativa del proceso de subasta.
Genesis alega que GM Sectec incumplió con varios requisitos compulsorios del proceso de solicitud de propuestas (RFP), mientras que a ellos los descalificaron sin posibilidad de subsanar.
Declaraciones del Departamento de Educación
"En relación con el proceso de impugnación del contrato para la prestación de servicios de vigilancia electrónica en nuestras escuelas, reiteramos la importancia de que este servicio no solo se provea adecuadamente, sino que se garantice su eficiencia y efectividad en beneficio de la seguridad de nuestras comunidades escolares.
El proceso de subasta para este servicio se inició formalmente en octubre de 2024 y, desde entonces, la Junta de Subastas del Departamento de Educación ha permanecido inalterada, garantizando la continuidad y la transparencia en todas las etapas del trámite.Todos los procesos se han llevado a cabo en el marco de la ley y los reglamentos aplicables.
Reconocemos y respetamos el debido proceso establecido. Corresponde a la Administración de Servicios Generales (ASG) la investigación y adjudicación final sobre cualquier reclamación o impugnación presentada. El Departamento ha estado proveyendo toda la información requerida por ASG para el análisis correspondiente.
Por tratarse de un asunto en trámite ante los foros legales y en deferencia al proceso que lidera la ASG, el Departamento de Educación no emitirá comentarios adicionales que puedan influir o interferir en las determinaciones finales.
Confiamos plenamente en que este asunto será atendido con la diligencia, seriedad y objetividad que amerita, y que la resolución del mismo se basará estrictamente en los méritos del caso y conforme al marco legal aplicable".
Declaraciones del subadministrador de ASG
“Mediante la Orden Ejecutiva 2024-047 se delegó al Departamento de Educación el proceso de subastas. La ASG, en cumplimineto con su función ministerial, revisa que dichos procesos contengan las cláusulas mandatorias requeridas por las regulaciones estatales y federales.
Por su parte, la Junta Revisora de la ASG, presidida por el licenciado Juan Carlos Fierres, es un organismo independiente encargado de evaluar los procesos de licitación pública en todas las agencias del Gobierno de Puerto Rico. La ASG como agencia administrativa, no interviene en los procesos de impugnación. Por ello, se dará la deferencia al procedimiento ante la Junta Revisora, al proceso de revisión judicial correspondiente y a cualquier investigación legislativa en curso.
No obstante, es importante reafirmar que los procesos de licitación pública deben llevarse a cabo con total integridad, sin intentos de influir indebidamente en el juicio de quienes tienen la responsabilidad de evaluar y adjudicar. Toda gestión relacionada debe provenir de los participantes autorizados, siguiendo los parámetros y criterios claramente establecidos en los pliegos de licitación, los cuales aseguran un proceso transparente y en igualdad de condiciones para todos.
La contratación gubernamental está revestida del más alto interés público y, por tanto, debe ser tratada con la seriedad e imparcialidad que amerita".
