Las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes y el Senado pidieron el retiro de la designación del general de brigada Arthur Garffer Croly como secretario del Departamento de Estado de Puerto Rico. Alegaron que no cumple con los requisitos constitucionales para ocupar el cargo.
En conferencia de prensa, el portavoz del PPD en la Cámara, Héctor Ferrer Santiago, expresó que “esta designación refleja la obstinación y responsabilidad directa de la gobernadora Jenniffer González, quien insiste y tiene un patrón evidente en imponer a personas que no cumplen con las expectativas del país. En este caso, uno de los requisitos más básicos para ocupar puestos clave del gobierno”.
Ferrer Santiago señaló que el Artículo IV, Sección 5 de la Constitución de Puerto Rico establece que el secretario de Estado debe reunir los mismos requisitos que el cargo de gobernador. Esos requisitos incluyen tener 35 años o más y haber residido de forma bona fide en Puerto Rico durante los cinco años anteriores a la designación. Según el legislador, eso implica que cualquier nominado debe haber vivido en Puerto Rico desde al menos noviembre de 2019.
Por su parte, el portavoz senatorial del PPD, Luis Javier Hernández Ortiz, afirmó que Garffer no cumple con ese requisito.
“Tan solo lleva meses en Puerto Rico tras recibir el nombramiento como secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), y la evidencia que presentamos hoy lo confirma”, dijo.
Los portavoces del PPD resumieron la trayectoria profesional reciente de Garffer. Indicaron que entre marzo de 2023 y mayo de 2024 fue director de operaciones de la Guardia Nacional en el estado de West Virginia. Luego, entre mayo de 2024 y abril de 2025, se desempeñó como jefe de operaciones en una base militar en Kosovo, mientras ostentaba su designación en el DSP.
Además, Hernández Ortiz informó que Garffer figura como elector activo en el estado de Florida.
“Según el Registro de Electores de ese estado, aparece inscrito y activo en esa jurisdicción”, explicó. En Florida, se considera electores activos a quienes votaron en los comicios de 2020 o 2022.
Los legisladores también divulgaron una serie de donativos políticos realizados por Garffer entre 2021 y 2024, todos registrados con dirección en Florida hasta abril de 2024. Entre los recipientes figuran los comités de Jorge Navarro Suárez, el Partido Nuevo Progresista, Lornna Soto y Carmelo Ríos. Solo en abril de 2024 aparece un donativo registrado a nombre de Garffer desde una dirección en Guaynabo, al comité de Jenniffer González.
“La evidencia demuestra que tan reciente como el 24 de febrero de 2024, el designado aún figuraba como residente del estado de Florida”, sostuvo Ferrer Santiago. También indicó que Garffer no figura como titular de una propiedad en Puerto Rico, según el Registro de la Propiedad.
Los legisladores emplazaron al designado a presentar evidencia concreta de que cumple con los criterios de residencia exigidos por la Constitución. También criticaron el proceso de evaluación del Ejecutivo.
“Puerto Rico no aguanta más mentiras de parte de la Gobernadora y su equipo cercano. Ella afirmó que creó un banco de talentos con más de 7,000 resumés y repitió que todos sus designados pasaron por un proceso de verificación de antecedentes (‘background check’)”, indicó Hernández Ortiz.
“Sin embargo, este caso demuestra lo contrario. Ni existió ese banco de talentos ni hubo una investigación”, añadió.
Ferrer Santiago añadió que la designación de Garffer ocurre en medio de otras controversias con nombramientos en el gabinete. “Vimos los casos del Secretario del DRNA, de Salud, de DTOP —con señalamientos de la Oficina del Inspector General— y el de la Secretaria de Justicia. Esta designación refleja que ni la Gobernadora ni su equipo verifican si los candidatos cumplen con los requisitos del cargo”, expresó.
Hernández Ortiz concluyó que el reclamo del PPD no busca atacar a Garffer, sino denunciar lo que calificó como una falta de responsabilidad por parte del Ejecutivo.
“Aquí no se trata de atacar al nominado, sino de señalar la seria irresponsabilidad por parte de Jenniffer González al insistir en nombrar personas que no cumplen con los requisitos, en este caso, los requisitos constitucionales más básicos. O improvisa con una actitud alarmante, o intenta retar la propia Constitución. En cualquier caso, esto evidencia el deterioro de este gobierno”, sostuvo.
