La Junta Dental Examinadora de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Salud (DS), aclaró que la reciente determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el que declara inconstitucional la colegiación obligatoria, no altera las funciones ni facultades de la Junta Dental.
Según la presidenta de la Junta, la doctora Rosa M. Rodríguez Vélez, la entidad mantiene autoridad exclusiva para otorgar, suspender o revocar licencias, reglamentar el ejercicio profesional de cirujanos dentistas, higienistas y asistentes dentales, aprobar cursos de educación continua y atender querellas sobre impericia o conducta no profesional.
“Seguiremos ejerciendo nuestra función reguladora con integridad, responsabilidad y respeto a la profesión dental”, añadieron miembros de la Junta.
Durante el proceso judicial sobre la constitucionalidad de la colegiación compulsoria en el caso Liselie Reyes Martínez v. Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, representantes legales y oficiales del Colegio emitieron declaraciones públicas en las que afirman que la Junta Dental Examinadora “está carente de recursos básicos”, “es casi inoperante” y “no tiene la capacidad para regir la profesión”.
Ante esta situación, Rodríguez Vélez reiteró que tales expresiones son contrarias a la realidad y laceran la integridad institucional de un cuerpo que ha servido por casi cien años al país, desde el mandato conferido la Ley 75 de 1925, según enmendada.
