El Departamento de Educación (DE) enfrenta la posible pérdida de más de $500 millones en fondos federales, tras la cancelación de la extensión del programa Elementary and Secondary School Emergency Relief (ESSER), una ayuda clave otorgada durante la pandemia.
Así lo alertó el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica Jr., durante la reunión pública más reciente del organismo federal.
“Más de $500 millones están en juego para el Departamento de Educación”, advirtió Mujica, quien sostuvo que la isla debe prepararse para operar sin esta ayuda no recurrente, originalmente creada para mitigar el impacto del COVID-19 en los sistemas escolares de Estados Unidos y sus territorios.
ESSER fue un programa de alivio emergente que proveyó miles de millones de dólares a los estados y jurisdicciones para enfrentar el cierre de escuelas, el rezago académico y la transición a la enseñanza virtual.
Aunque la ayuda estaba prevista para terminar en 2023, Puerto Rico había conseguido una extensión junto a otros estados, pero recientemente el gobierno federal retiró esa prórroga. Ahora, la isla intenta conseguir una extensión más prolongada para evitar un vacío presupuestario abrupto.
“El Departamento de Educación debe tener un plan para operar solo con fondos recurrentes”, insistió Mujica, quien subrayó que estos fondos federales “nunca se pretendieron como permanentes”.
Sin embargo, reconoció que su eliminación afectará de forma sustancial al sistema público de enseñanza.
Aunque no ofreció detalles sobre qué programas o áreas específicas podrían verse afectados con la eliminación de los fondos, Mujica advirtió que esta reducción obligará a una reestructuración en la planificación presupuestaria del sistema educativo.
La preocupación no es exclusiva de Puerto Rico ya que en estados como Massachusetts también anticipan recortes significativos.
“Massachusetts perderá $106 millones en fondos COVID no utilizados, pero en nuestro caso hay más de 500 millones en juego”, reiteró.
Según explicó Mujica, en el actual año fiscal 2025, cerca del 50% del presupuesto del gobierno de Puerto Rico proviene de fondos federales. Esa proporción coloca a la isla entre las jurisdicciones más dependientes de estas asignaciones en todo Estados Unidos. En el caso de Educación, esa dependencia se agudiza por la magnitud de los fondos especiales recibidos durante la emergencia sanitaria.
La JSF presentó el asunto como una llamada de atención urgente. Mujica dijo que ya están trabajando con la administración de la gobernadora Jennifer González Colón para delinear un presupuesto “responsable” que anticipe tanto las pérdidas confirmadas como aquellas que podrían surgir si el Congreso federal aprueba más reducciones.
“Nuestros niños merecen un sistema escolar público que los prepare para los mercados laborales del futuro”, expresó Mujica. No obstante, reconoció que esa aspiración requerirá reformas profundas y decisiones difíciles ante un escenario de recursos menguantes.
Durante su intervención, Mujica también reiteró que Puerto Rico aún está en las primeras etapas de una transformación educativa. Mencionó los aumentos salariales de casi 40% para el magisterio y los esfuerzos de reforma del servicio civil, pero recalcó que estos avances no son suficientes sin un plan estructural que permita sostener el sistema con fondos estables y recurrentes.
La situación coloca al gobierno local frente a una decisión crítica cómo lo es mantener operaciones esenciales y servicios educativos sin comprometer la calidad, en medio de una reducción drástica de fondos externos. Aún no está claro si se prevé el cierre de escuelas, reducción de plantilla docente o recortes en servicios estudiantiles como parte del ajuste.
Por ahora, la JSF insistió en que el gobierno debe “hacer más con menos”, preparar al sistema para su sustentabilidad fiscal y redefinir prioridades con base en lo que se puede financiar de forma constante.
