La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) notificó al Gobierno de Puerto Rico que incumple los requisitos establecidos en una orden judicial relacionada con la implementación parcial de la Ley 80-2020, la cual permitió establecer un programa de retiro incentivado para más de mil empleados públicos.
En una carta enviada el 5 de mayo de 2025 al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, la JSF exigió la entrega completa de las certificaciones de cumplimiento para todas las agencias gubernamentales incluidas en el acuerdo, a más tardar el 30 de mayo.
Aunque originalmente objetada por la JSF, la Ley 80-2020 fue parcialmente implementada tras un acuerdo ante el Tribunal Federal entre el gobierno y la Junta. Como parte del acuerdo, se permitió un programa de retiro incentivado para 1,130 empleados cuyas plazas fueron declaradas no esenciales. Además de una pensión vitalicia, los participantes recibirían una aportación mensual de $100 para su plan médico hasta cumplir los 62 años, y el pago de sus licencias acumuladas. La fecha oficial de salida fue el 31 de marzo de 2024.
La Junta ha mantenido supervisión directa del proceso. Según la misiva, si bien OGP ha colaborado con la JSF y ha entregado información parcial, aún falta por completar la certificación de cumplimiento para todas las agencias acogidas a la Ley 80.
Entre las deficiencias detectadas, se identificaron plazas marcadas como vacantes que en realidad estaban ocupadas desde octubre de 2023, tanto en la Autoridad de Edificios Públicos como en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Aunque se indicó que estas irregularidades han sido corregidas en parte, representan una violación al acuerdo judicial.
La JSF estableció el 16 de mayo como fecha límite para que OGP someta un plan de acción detallado para corregir las fallas y cumplir con la entrega completa de documentos. La carta también advierte que la Junta se reserva el derecho de tomar las acciones que estime necesarias bajo la Ley PROMESA si el gobierno no cumple con lo acordado.
Advierten sobre incentivos en centros urbanos
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ordenó al gobierno de Puerto Rico no implementar ni aplicar ninguna parte de la Ley 182-2024, que concede incentivos contributivos a proyectos de vivienda en centros urbanos, por entender que viola el Plan Fiscal certificado y los requisitos de PROMESA.
En una carta enviada el 5 de mayo de 2025 al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Francisco J. Domenech Fernández, la JSF reiteró que la medida no ha cumplido con la presentación de un análisis formal de impacto fiscal, ni con la certificación exigida por PROMESA §204(a), pese a haberse firmado en agosto de 2024.
Aunque la pasada administración solicitó cinco prórrogas para cumplir con el trámite, cuya fecha final fue el 21 de enero de 2025, la JSF no ha recibido la documentación ni explicación alguna. En consecuencia, exige una respuesta formal y confirmación de que la ley no está en vigor, a más tardar el 16 de mayo de 2025.
Según el análisis de la JSF, el crédito contributivo del 40% contenido en la ley podría representar pérdidas de entre $14.5 y $145 millones anuales hasta 2030, sin que existan mecanismos de compensación. La medida también prevé exenciones en impuestos municipales, arbitrios de construcción y contribuciones sobre propiedad.
Ante esto, la JSF concluyó que la Ley 182 no solo es inconsistente con el Plan Fiscal, sino que también constituye una legislación contributiva fragmentada, que debería ser parte de una reforma más amplia y deliberada.
