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Guerra epistolar: LUMA responde al Gobierno y plantea tergiversación

El consorcio defiendió su gestión y responsabiliza a la quiebra de la AEE por limitaciones de inversión.

ARCHIVO Oficinas de LUMA

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LUMA Energy expresó su rechazo categórico los señalamientos realizados por el Gobierno de Puerto Rico a través del Zar de Energía, Josué Colón, al afirmar que la carta de respuesta a una primera misiva de ellos contiene “inexactitudes” y “caracterizaciones erróneas” sobre su gestión.

“La premisa de la respuesta no refleja que, hasta que concluyan los procedimientos del Título III, la única fuente de fondos disponible para mantener y operar el sistema seguirá siendo el gobierno de Puerto Rico y la tarifa base, que no ha cambiado desde 2017”, indicó LUMA en declaraciones escritas.

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La empresa argumentó que su contrato se firmó bajo la premisa de que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) saldría de la bancarrota en un plazo de 18 meses, lo que permitiría acceso a otras fuentes de inversión más allá de los fondos públicos o las tarifas. Sin embargo, al mantenerse vigente el proceso de reestructuración bajo el Título III de PROMESA, LUMA puntualizó que opera con recursos limitados y enfrenta un proceso complejo para acceder a fondos federales.

“La carta se enfoca en reaccionar a la solicitud de asistencia y colaboración de LUMA señalando conclusiones sin fundamento”, expresó el consorcio, al tiempo que reiteró que la solución está en completar el proceso de quiebra de la AEE para habilitar nuevas vías de financiamiento.

Además, la empresa defendió su desempeño, al destacar iniciativas como la instalación de dispositivos automatizados, el manejo de vegetación para reducir interrupciones y el desarrollo de proyectos con baterías y energía renovable. “Estos esfuerzos son una muestra más de nuestra dedicación para proveer energía confiable y sostenible a nuestros 1.5 millones de clientes”, añadió LUMA.

La respuesta de la empresa ocurre horas después de que Metro Puerto Rico publicara una carta a la que tuvo acceso en la que el Gobierno acusa al operador privado de incumplir tareas contractuales básicas y haber recuperado apenas un 3% de los fondos federales disponibles para la reconstrucción del sistema eléctrico.

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