Del CPI
El pasado 19 de marzo, el ingeniero y empresario Suresh Gajwani fue acusado en el estado de Florida de presentar un documento con información falsa para evadir contribuciones.
Según el Departamento de Justicia federal, la compañía de Gajwani, Nimco II, generó sobre $80 millones entre 2019 y 2022. Para evitar pagar contribuciones sobre estas ganancias, Gajwani realizó un cambio de estructura corporativa de manera fraudulenta en el 2020. Dijo al gobierno federal que el cambio ocurrió un año antes, cuando en realidad lo realizó en ese momento, para aprovecharse de la exención contributiva que tendría al convertirse en inversionista residente en Puerto Rico bajo el nuevo Código de Incentivos, que incluye la Ley 22 para el traslado de inversionistas millonarios a la Isla.
La acusación federal no menciona que, en agosto de 2020, seis meses después de acogerse a la “Ley 22”, Gajwani registró en Puerto Rico a SGNG Foundation Corp. como una organización sin fines de lucro.
En el 2022, la entidad recibió al menos $150,000 en donativos anuales otorgados por inversionistas residentes en la Isla, según datos obtenidos por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) como resultado de una demanda de acceso a información contra el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
Al cierre de esta edición, Gajwani no contestó una solicitud de reacción ni preguntas sobre su fundación y si distribuyó el dinero en Puerto Rico.
Contrario a lo que establece el Código de Incentivos, SGNG Foundation recibió los donativos sin estar en la lista de organizaciones sin fines de lucro exentas por el Departamento de Hacienda bajo la Sección 1101 del Código de Rentas Internas, como tampoco en la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, encontró el CPI. La fundación de Gajwani fue una de las 12 entidades que más dinero recibió en el 2022 por este tipo de donativos.
Ese mismo año, en su planilla federal, SGNG Foundation reportó aportaciones de $35,700, de las cuales menos de la mitad ($14,700) fueron a organizaciones en Puerto Rico.
El CPI preguntó al DDEC qué acción ha tomado contra Gajwani y esta fundación, luego de la acusación, pero al cierre de esta edición, la agencia no contestó la solicitud.
Los donativos anuales a entidades sin fines de lucro en Puerto Rico — con un mínimo requerido de $5,000 o $10,000, dependiendo del año de cada decreto — es uno de los pocos requisitos que tiene el programa de inversionistas residentes. A cambio, los beneficiarios obtienen una exención contributiva del 100% en sus ingresos pasivos, como son las ganancias que se obtienen en el mercado de valores, dividendos e intereses, por ejemplo.
En agosto de 2024, el CPI reveló irregularidades relacionadas a estos donativos, incluyendo entidades que recibieron dinero sin estar certificadas en Hacienda como organizaciones exentas, así como fallas en la fiscalización del Gobierno para asegurar el cumplimiento de este requisito de donación.
A pesar de estar registrada en Puerto Rico, la planilla federal de la entidad en el 2022 reporta una dirección en California.
En agosto de 2020, Gajwani registró SGNG Foundation Corp. como una entidad sin fines de lucro cuya misión sería “apoyar a niñas y mujeres contra los prejuicios que enfrentan en la familia, la comunidad, la sociedad y el mundo empresarial”, en Estados Unidos, Puerto Rico, India y otras partes del mundo.
En octubre de 2023, un año después de recibir $150,000 en donativos de beneficiarios de la Ley 60 en Puerto Rico, el Departamento de Estado advirtió que cancelaría la entidad por incumplir con presentar el informe anual y con el pago de arbitrios a esa agencia.
La entidad, que nombraba como principales oficiales a Gajwani y a su esposa, Nilam Gajwani, fue revocada en diciembre de 2023.
Otro documento corporativo revisado por el CPI identifica varias instituciones educativas en India financiadas por el matrimonio Gajwani. La página web de una de estas, una escuela de enfermería, aseguraba en una biografía de Gajwani que un grupo de sus estudiantes “están educando en línea a sobre 600 estudiantes de escuelas públicas de Puerto Rico”.
La información fue removida de la página, luego de que el CPI contactara a Gajwani para una reacción.
El CPI también pidió, en ese entonces, al Departamento de Educación que confirmara si estas actividades educativas que se atribuía la fundación en realidad ocurrieron, pero no obtuvo respuesta.
Reclama haber recibido asesoría defectuosa
Según la acusación federal, la corporación de Gajwani, Nimco II, invirtió en acciones de la compañía Tesla que generaron “decenas de millones de dólares” en ganancias a partir del 2019. Fue en ese momento que Gajwani mostró interés en la exención contributiva que ofrece Puerto Rico bajo la Ley 60.
Para obtener su decreto, buscó a un contable y a un abogado para asesorarse sobre qué debía hacer. El contable habría sugerido cambios a la corporación para poder cualificar bajo la Ley 60 de Puerto Rico, dice la acusación. Luego, el abogado le habría asegurado a Gajwani que, bajo la Ley 60 en Puerto Rico, las ganancias de su compañía quedarían exentas de contribuciones federales, incluyendo las obtenidas antes de convertirse en inversionista residente.
“Posteriormente, empleados senior del IRS [Servicio de Rentas Internas federal] le informaron al Abogado 1 que ambas posturas en su opinión legal eran erróneas”, lee el “information”, un documento similar a una acusación formal, pero que no pasó por el proceso de un gran jurado.
El documento no identifica a ninguno de los dos profesionales, aunque menciona que, en el caso del contable, tiene oficina en Florida.
Gajwani se convirtió en inversionista residente en enero de 2020. Ese mismo año, en octubre, donó $1,000 al comité de campaña del exgobernador Pedro Pierluisi, según datos del Contralor Electoral.
Tras recibir su decreto otorgado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, Gajwani sometió un formulario al IRS — una declaración de causa razonable o “reasonable cause statement” — solicitando el cambio corporativo que sugirió su contable, retroactivo a enero de 2019, según el documento legal.
El contable habría dicho a Gajwani que era “poco probable” que el IRS escudriñara el formulario sometido, añade la acusación.
“Entre 2019 y 2022, Nimco obtuvo ganancias netas de capital por un total aproximado de $80 millones y distribuyó la cantidad correspondiente a sus accionistas. Como resultado de la conversión indebida de Nimco, Suresh Gajwani no pagó los impuestos adeudados ni la deuda sobre las ganancias de capital obtenidas”, sostiene la fiscalía federal.
Este caso se suma a una docena de beneficiarios de la Ley 22 que han enfrentado problemas con la justicia, incluyendo crímenes financieros.
Esta nota se publica en Metro.PR gracias a una alianza con el CPI. Puedes ver la historia original AQUí.
