Con 31 votos a favor y 14 en contra, la Cámara de Representantes aprobó extender hasta diciembre de 2026 el plazo para que la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático entregue su informe final sobre el Plan Climático de Puerto Rico.
En el Senado, el ambiente parece alineado con esa postura. Hace unas semanas, la senadora Marissa Jiménez Santoni —presidenta de la Comisión Conjunta— también favoreció una prórroga, al advertir que no respaldaría “un informe por aprobarlo”. El documento técnico, redactado por el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC), fue entregado a la Legislatura en abril de 2024. Sin embargo, la Asamblea Legislativa anterior no actuó sobre sus más de 700 páginas y dejó el proceso en manos de la nueva legislatura.
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La Ley 33-2019 establecía como fecha límite para aprobar el plan el 30 de junio de 2025. Ahora, la Cámara ha dado el primer paso para posponerlo por 18 meses adicionales. La justificación: garantizar un análisis “profundo” y “sin premura”.
El representante Ángel Morey Noble, quien defendió la medida, argumentó que el tema requiere estudio riguroso y consulta pública amplia. “Este no es un informe que se pueda revisar a la ligera”, sostuvo.
Sin embargo, el retraso contrasta con las proyecciones científicas más recientes. Un estudio revelado en abril advirtió que la inacción climática podría costarle a Puerto Rico $379 mil millones para 2050. Además, se estima que el 40% de las costas del país están en riesgo por erosión y aumento del nivel del mar. Este fin de semana, varios municipios reportaron daños millonarios tras fuertes inundaciones.
El Plan Climático debía estar completado desde 2023, según lo contemplado en la ley que lo creó. La prórroga oficializa así otro retraso en la implementación de una política pública integral.
“El informe final de esta comisión no debe ser un simple documento técnico; debe convertirse en la base de una política pública transformadora”, insistió Morey Noble. “Lo que decidamos hoy marcará el futuro ambiental y económico de Puerto Rico”, agregó en el hemiciclo antes de la votación.
Aunque se habló de un informe “basado en evidencia”, no se detalló qué estudios concretos restan por integrar ni cuáles serán los mecanismos de consultas a desarrollarse en los próximos 18 meses.
