El riesgo de más cierres de escuelas en Puerto Rico es real, aunque por ahora no hay una lista oficial ni determinaciones finales.
Así lo reconoció el secretario del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, quien explicó que la agencia evalúa el impacto presupuestario de mantener en operaciones 200 planteles con baja matrícula. Actualmente, el DE administra 870 planteles escolares.
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“De cara a agosto, no [hay cierres adicionales], pero sí ya estamos evaluando el impacto que está teniendo la reducción de estudiantes y, a la vez, el impacto presupuestario que esto tiene”, dijo el secretario en la Legislatura.
Este escenario ya genera preocupación entre sectores magisteriales, legisladores y comunidades escolares. La historia también alimenta la inquietud: más de 600 escuelas fueron cerradas entre agosto de 2012 y mayo de 2021.
La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, Tatiana Pérez Ramírez, destacó que cualquier cierre potencial debe cumplir con el proceso establecido en la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico. Esta exige un estudio detallado previo que considere matrícula actual y proyectada, infraestructura, costos operacionales, impacto comunitario y la disponibilidad de escuelas receptoras. También debe garantizarse la continuidad educativa y transparencia del proceso.
“Se anticipa que, de los más de 450,000 estudiantes que había en el pasado, en los próximos años el número ronde los 200,000”, indicó.
Sobre el futuro del personal docente, Pérez Ramírez dijo que no anticipa despidos. “Los maestros serían trasladados a los planteles que reciban a los estudiantes transferidos”, explicó.
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No obstante, la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) rechaza los cierres escolares. “Históricamente, la AMPR ha estado firmemente opuesta al cierre y consolidación de escuelas por entender que dichas acciones atentan contra el bienestar de las comunidades escolares”, estableció el gremio .
Según la AMPR, los cierres previos no resultaron en mejoras académicas ni en eficiencias fiscales. Por el contrario, denuncian que incrementó la deserción escolar.
Entre las consecuencias que observaron, la AMPR listó: desplazamientos más largos y riesgosos para los estudiantes, interrupciones en su desarrollo académico y emocional, reducción en servicios educativos, incertidumbre laboral, aumento de carga para el personal docente, entre otras.
La organización magisterial reconoció que las reducciones en fondos anunciadas por el DE y las presiones de la Junta Fiscal agravan el riesgo de nuevos cierres. A ello se suman la falta de planificación para aumentar la matrícula y los problemas de mantenimiento en las escuelas.
Como alternativa, la AMPR propuso rediseñar el sistema escolar. Recomendaron: reducir los grupos a un máximo de 15 estudiantes por salón, transformar escuelas con baja matrícula en centros integrados con servicios comunitarios y culturales, y crear proyectos educativos sostenibles por región.
