La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) respaldó el Proyecto de la Cámara 165, que propone prohibir la implementación de baños múltiples inclusivos, mixtos o neutros en instalaciones públicas del gobierno de Puerto Rico, y exigió mayor recopilación de datos sobre los espacios donde ocurren agresiones sexuales, al subrayar que los datos disponibles siguen apuntando a que las mujeres son las víctimas principales de este tipo de delitos.
Así lo expresó el licenciado Nelson Vélez, quien compareció en representación de la procuradora Astrid Piñeiro Vázquez, durante una vista pública ante la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes.
“Las estadísticas continúan reflejando que las víctimas mayoritarias de agresiones sexuales continúan siendo las mujeres”, afirmó Vélez, quien excusó a Piñeiro por no poder presentarse debido a compromisos previos, pero aseguró que la funcionaria se mantenía atenta al trámite legislativo.
De acuerdo con la ponencia presentada, el Negociado de la Policía de Puerto Rico reportó 1,200 incidentes de violencia sexual en 2022. El 80.5% de las víctimas fueron mujeres, mientras que el 19.5% fueron hombres. Para 2023, se documentaron 1,278 incidentes, con un 79.8% de víctimas mujeres. En ambos años, los ofensores más comunes fueron familiares, seguidos por personas conocidas y, en menor proporción, desconocidos.
“La mayoría de estos delitos ocurrieron en hogares o residencias, lo que nos hace cuestionar qué otros espacios podrían estar representando una amenaza que no se está visibilizando por falta de datos”, indicó Vélez. “Nos resulta alarmante que no haya una recopilación consistente sobre los lugares donde se cometen las agresiones sexuales”, añadió.
La OPM también incluyó datos del Centro de Ayuda para Víctimas de Violencia Doméstica, que en los años fiscales 2022 y 2023 atendió 300 casos —nuevos, reabiertos, de seguimiento y colaterales— en los que la mayoría de los incidentes ocurrieron en hogares. Un 53.7% de las personas agresoras fueron familiares o conocidos de la víctima.
A raíz de esta información, la Procuraduría recomendó que la Legislatura examine si el Negociado de la Policía y el Centro de Ayuda cuentan con información adicional sobre lugares de alta incidencia de agresiones, particularmente en entornos públicos como baños. Además, instó a ampliar la recopilación de datos a otros delitos que pueden afectar a las mujeres en estos espacios, incluyendo actos lascivos, acecho, acoso sexual y exposición deshonesta.
La oficina también informó que investiga el caso de los baños inclusivos en la Universidad de Puerto Rico, una controversia reciente que ha generado amplio debate público.
Aunque la OPM indicó que se reserva el análisis legal para el Departamento de Justicia, por ser este el representante legal del Gobierno, expresó respaldo a la medida. “Reconocemos esta iniciativa como una medida loable que atiende de manera preventiva posibles escenarios de mayor vulnerabilidad para la comisión de delitos en contra de la mujer”, dijo Vélez.
El Proyecto de la Cámara 165, de la autoría de la representante Lisie Burgos Muñiz, busca crear la “Ley para la Protección y Seguridad de la Mujer en Baños Públicos Múltiples”. La medida prohibiría que agencias, instrumentalidades o dependencias del gobierno implementen baños múltiples inclusivos o permitan el uso de baños según identidad de género, estableciendo que estos deben dividirse exclusivamente por sexo biológico.
En su exposición de motivos, el proyecto argumenta que los baños separados por sexo nacieron como una conquista para los derechos de las mujeres ante condiciones de vulnerabilidad históricas. También se refiere a incidentes denunciados en Estados Unidos, donde mujeres han expresado sentirse inseguras al compartir baños con personas que se identifican como mujeres, pero que nacieron con sexo masculino.
El proyecto menciona el caso Adams v. School Board of St. Johns County, resuelto por el 11th Circuit Court en EE. UU., que determinó que el estado de Florida no violó el Título IX al exigir que estudiantes trans usaran baños correspondientes a su sexo biológico. Según la medida, esta decisión representa “un gran avance para los derechos de las mujeres”.
La representante Burgos, autora del proyecto, sostuvo que la legislación no busca discriminar a personas transgénero, sino garantizar un espacio íntimo y seguro para las mujeres. “No se está afirmando que las personas que se autoperciben diferente a su sexo biológico constituyan un riesgo para la sociedad, sino afirmamos la importancia del respeto y dignidad que merecen las mujeres”, indica el texto legislativo.
