Las autoridades federales llevaron a cabo dos operativos separados en el municipio de Mayagüez, que resultaron en acusaciones por intento de secuestro, conspiración de narcotráfico y violaciones a la ley de armas de fuego, trascendió el martes.
En el primer caso, un gran jurado federal acusó a cinco individuos por conspiración y tentativa de secuestro de un hombre en un estacionamiento de Mayagüez, el 12 de julio de 2024. Los acusados son Edilberto Aponte-Sánchez, Anthony Esquilín-Guzmán, Ramdy Kaleb Ocasio-Pagán, Jocner Martínez-Correa y Dylan Camacho-Álvarez.
Según la acusación, los sujetos intentaron forzar a la víctima a subir a una guagua, pero esta logró resistirse y los agresores huyeron del lugar.
“Este caso refuerza la importancia de estar alerta a nuestro alrededor en todo momento”, expresó el fiscal federal W. Stephen Muldrow en declaraciones escritas.
De ser hallados culpables, los acusados enfrentan hasta cadena perpetua por el cargo de conspiración para secuestrar y hasta 20 años de prisión por tentativa de secuestro.
En un segundo caso, las autoridades federales acusaron a 25 presuntos miembros de una organización de narcotráfico que operaba en Mayagüez, imputándoles cargos de conspiración para distribuir sustancias controladas y violaciones a la ley de armas. La organización operaba en áreas cercanas a residenciales públicos como Rafael Hernández (Kennedy), Manuel Hernández Rosa (Candelaria) y El Carmen, y utilizaba la violencia e intimidación para controlar sus operaciones ilícitas.
“Hoy enviamos un mensaje claro: la violencia, las drogas y el crimen organizado no tendrán refugio en Puerto Rico”, manifestó Devin J. Kowalski, jefe de la oficina local del FBI.
Entre los acusados figuran Jonathan Martínez González, Isaías Jaseph Molina Valle, Juan A. Ortiz Mendoza, Fernando Manuel Torres Ruiz, Franschesca M. Rivera-Valle, entre otros. Algunos enfrentan, además, cargos adicionales por posesión de armas de fuego y de ametralladoras durante la comisión de delitos de narcotráfico.
Los acusados enfrentan sentencias mínimas de 10 a 30 años de prisión, y en algunos casos, hasta cadena perpetua.
Ambos casos forman parte de la iniciativa federal Operation Take Back America, dirigida a combatir el crimen organizado y la violencia en los Estados Unidos y sus territorios.
